Que se manifiesten en Venezuela y no en Madrid

Los argumentos de los separatistas catalanes y la ultraizquierda para salir en defensa de los líderes golpistas del 1-O son cada día más endebles. La ANC y Ómnium han convocado una manifestación independentista este sábado en Madrid con el objeto último de presionar al Tribunal Supremo, el organismo judicial en el que se está juzgando a los 12 independentistas acusados de un delito de rebelión y malversación de caudales públicos. Una vez más, los convocantes permanecen sumergidos en un delirio constante que, de no frenarse, terminará arrastrando a toda la sociedad catalana a una catástrofe sin precedentes.

A la citada marcha acudirán, no sólo el bloque independentista liderado por Quim Torra, Elsa Artadi y Roger Torrent, condenados a la insignificancia política por su obcecación con la ilegalidad, sino también diputados y ediles de Podemos que, al igual que los separatistas, están contaminando la verdadera realidad de un proceso judicial que se está desarrollando con plenas garantías constitucionales. Los dirigentes podemitas califican el juicio del procés como “netamente político” o “politizado” bajo la premisa de que votar no es un delito. Un razonamiento que evidencia que Podemos se beneficia de un marco constitucional al que ignora por completo. Es un error de base afirmar con tal desdén que en España el sufragio es un delito tipificado en el Código Penal y no se respetan los derechos fundamentales de los procesados. Nuestro país, y así lo aseveran importantes estudios como el índice ‘Rule of Law’ del World Justice Project, entre otros, posee una de las democracias más plenas del mundo.

El manifiesto no puede ser más ficticio por mucho que Podemos secunde una marcha sostenida bajo una argumentación totalmente vacua y, sobre todo, falsa. Los líderes golpistas no están en el banquillo por depositar su voto en una urna, sino por intentar derogar la Constitución española a través de la violencia y usando caudales públicos para sufragar la afrenta. Quizá contravenga los deseos de los podemitas, fieles fanáticos del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, pero España no es Venezuela. En nuestro país los procesos judiciales, como el del 1-O, son absolutamente garantes, respetan los derechos reflejados en el Art. 24 de la Carta Magna y hay una clara separación de poderes. Ninguno de estos aspectos se da en Venezuela, país en el que el régimen bolivariano, en connivencia con el Poder Judicial y el Ministerio Público, arrolla de manera sistemática los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Según el índice anteriormente citado, Venezuela es el país con menos adhesión al Estado de Derecho del mundo. Si lo que aducen los separatistas y los podemitas es la falta de garantías democráticas deberían manifestarse en Caracas y no en Madrid.