¿A qué espera la Fiscalía (o sea, Sánchez) para actuar contra Torra?
Si como presume Pedro Sánchez la Fiscalía está a sus ordenes («¿De quién depende, del Gobierno, pues ya está?»), ¿a qué espera el Ministerio Público (o sea, el Ejecutivo socialista) para actuar contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra?
El sumario de la «Operación Judas», al que ha accedido OKDIARIO y cuyo secreto ha sido levantado por el Juzgado Central de Instrucción número seis, cuyo titular es el juez Manuel García Castellón, revela que los cabecillas de los CDR Ferrán Jolis y Xavier Buigas, en prisión por un presunto delito de pertenencia a banda terrorista, tenían acceso a Quim Torra a través de su hijo, Guillem, implicado también en el activismo separatista. LOS CDR presumían en sus conversaciones de estar en contacto permanente con Carles Puigdemont a través de gente muy próxima a su familia y tenían previsto asaltar el Parlamento catalán el día que se hiciera pública la sentencia del Supremo para «defenderlo» posteriormente con Torra dentro.
«Solo tengo que mandarle un Signal a Puigdemont y ya está», relata el CDR Ferrán Solís a su novia. En otro pasaje revela que tiene que «juntarse» con Torra y que el CNI catalán le ha solicitado que monte las comunicaciones para ese «día D» dentro del Palacio de la Generalitat. Necesitan, confiesa, comunicaciones paras resistir una semana de asalto, dos pisos franco y 6.000 euros.
El sumario resulta tumbativo y coloca a Puigdemont y Torra en el centro mismo de una estrategia insurreccional. Con los datos conocidos, la Fiscalía tiene que actuar inmediatamente. Y dado que, según Pedro Sánchez, el Ministerio Público depende del Gobierno, a él corresponde ordenar que se activen todos los procedimientos legales contra el presidente de la Generalitat de Cataluña. Ya no son sospechas fundadas, sino que hay pruebas más que suficientes para intervenir con carácter de urgencia. Porque lo que queda demostrado es que los cabecillas de los CDR no actuaban de manera aislada, sino que todos sus movimientos y acciones eran conocidos y avalados por Puigdemont y Torra.
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