Una purga miserable

Los golpistas marcan a los profesionales de la Administración del Estado que se mantuvieron firmes en la defensa del Estado de Derecho y contribuyeron con su trabajo a probar la subversión del orden constitucional y la malversación de fondos de los sediciosos en el 1-O. Ahora le ha tocado el turno a Carmen Tejera, la abogada del Estado del Ministerio de Hacienda cuyo testimonio pericial en el juicio contra el golpe separatista fue decisivo para probar el delito de malversación. Ha sido cesada -qué  sarcasmo- el mismo día que Pedro Sánchez rendía pleitesía en La Moncloa al delincuente Quim Torra. La cabeza de Carmen Tejera, profesional de intachable trayectoria, fue pedida por los separatistas de ERC y Pedro Sánchez se la entregado sin reparo alguno. Una vergüenza y una indignidad que provoca bochorno. Funcionarios del más alto nivel purgados a petición de un puñado de golpistas. No cabe mayor vesania ni más ignominia.

La suerte que ha corrido Carmen Tejera no es distinta de la que han corrido otros prestigiosos profesionales de la administración del Estado como Edmundo Bal, jefe de Penal de la Abogacía del Estado, destituido por negarse a rebajar la consideración penal de los delitos perpetrados el 1-O, o María José Segarra, fiscal general del Estado que se mantuvo firme pese a las presiones del Ejecutivo y que fue cesada al frente del  Ministerio Público. En su lugar, Sánchez ha colocado a la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, un nombramiento con el que busca asegurarse la connivencia en su estrategia de desjudicialización del procés, que no es otra cosa que la cesión a los separatistas por la vía de controlar a la Fiscalía, órgano que hasta ahora se había erigido en guardián y garante de la ley y del Estado de Derecho.

El golpismo ordena y Pedro Sánchez ejecuta a los altos funcionarios que contribuyeron a llevar a los separatistas a prisión. Está es la tragedia de España. Que quienes defendieron la legalidad al servicio de los intereses generales de la nación han sido purgados para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno de España.