Policía y Guardia Civil advierten: la amnistía de Sánchez quiebra el Estado de Derecho

Asociaciones de policías y de guardias civiles -quienes tienen que velar por el cumplimiento de la ley en virtud de los principios constitucionales y garantizar la seguridad pública- han expresado su rotundo rechazo a la ley de amnistía que Pedro Sánchez pretende impulsar para garantizarse los votos de los golpistas que subvirtieron el orden constitucional, al considerar que supone un menosprecio intolerable a quienes en nombre del Estado intervinieron el 1-O en Cataluña «en defensa de la Constitución y la unidad de España» frente al desafío de los separatistas.

Y es que, recuerdan, su intervención fue cumpliendo órdenes del Gobierno de España y bajo el mandato de la Justicia, por lo que no están dispuestos a prestarse al ignominioso plan de Sánchez de incluir en la amnistía a los policías que ahora están inmersos en un proceso judicial por el mero hecho de ejercer su trabajo, «anteponiendo el cumplimiento de la ley y su deber incluso a su integridad física». Que Sánchez pretenda equiparar a quienes actuaron en defensa defensa de la legalidad con los golpistas es una infamia que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado no están dispuestos a tolerar. Y es que aquel 1-O los agentes fueron vilependiados y apedreados físicamente, por lo que no están dispuestos bajo ningún concepto a que ahora «nos apedreen institucionalmente».

La indignación ante el precio que Sánchez está dispuesto a pagar por seguir en el poder es mayúsculo dentro de la Policía y la Guardia Civil, pues -aseguran- la amnistía «socava un principio jurídico tan esencial como lo es el principio de igualdad ante la ley, independientemente de su capacidad de influencia política o la separación de poderes». En suma, que quienes en nombre del Estado ejercen como garantes del cumplimiento de la la ley y el orden constitucional tienen claro que lo que pretende Pedro Sánchez ya no es que sea inconstitucional, sino que atenta contra los principios más básicos de la dignidad y la moralidad pública que deberían guiar la actuación de un presidente del Gobierno.