Parálisis en las obras de Palma de Mallorca

El sector de la obra pública llevaba años acostumbrado a “comprar” contratos a derrota. El precio estaba por encima de todo, lo que convertía las licitaciones en subastas al mejor postor. Pero la cosa ha cambiado tras la aplicación de diversas directivas europeas en nuestra legislación. Desde entonces, las administraciones controlan las “bajas temerarias” en los concursos públicos o contrataciones públicas. Es decir, cuando se presenta una oferta anormalmente baja. En principio, en la Ley de Contratos Públicos en estas situaciones se solventa con una explicación a posteriori de los que presentan esa baja económica, con el objetivo de saber si una vez otorgados, por el hecho de ser la oferta más barata, va a ser posible que lleven a cabo el contrato concedido y con la solvencia requerida.

Sin embargo, la realidad sigue siendo tozuda en algunos territorios españoles donde muchas empresas con tal de ganar el contrato presentan unas ofertas tan a la baja que a la larga conllevan huelgas, modificaciones de las condiciones ante carencias inasumibles, etc. Un ejemplo de todo lo anterior es Palma de Mallorca.

Allí se presentó un concurso para la conservación de las instalaciones de regulación, control y gestión de la movilidad el 11 de septiembre de 2017. Se presentaron 11 empresas de las cuales tres causaron baja temeraria. Pero durante estos meses el Ayuntamiento —tras descartar dos— evaluando la tercera y dándole la posibilidad de revisar su oferta. Sin embargo, el actual Gobierno local, presidido por el acalde Antoni Noguera de Coalición Mes, sigue dilatando el proceso de adjudicación.

Un análisis de las ofertas permite concluir que las empresas que han causado baja temeraria acaban de una forma u otra en el entorno del empresario mallorquín Antoni Roig, encarcelado en 2017 por su presunta implicación en el soborno a funcionarios y políticos locales. ¿Hasta cuándo aguantará la ciudad sin concursos públicos?