Opinión

No todos somos iguales ante Montoro

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, tendría muy difícil explicar a cualquier ciudadano el trato de favor que la Fiscalía ha dispensado al Fútbol Club Barcelona en el caso Neymar. Si Hacienda somos todos, parece que tanto el Barcelona como sus dirigentes juegan en una liga civil distinta al del resto de españoles. Ahora que estamos en plena campaña electoral, donde las promesas colonizan gran parte del discurso político, resulta poco paradigmático que la Fiscalía perdone 25 millones de euros al equipo catalán por fraude fiscal. A los dirigentes culés les ha bastado con aceptar su culpa en este asunto y admitir que cometieron un delito en los ejercicios de 2011 y 2013 para que la Fiscalía pase de pedirles 64 millones a dejarlo tan sólo en 5. Demasiada generosidad en un caso que olía muy mal desde el principio.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han propuesto un acuerdo indignante para los millones de contribuyentes que cumplen con la Agencia Tributaria de un modo escrupuloso. Por si fuera poco, el expresidente del club Sandro Rosell y su sucesor en el cargo, José María Bartomeu, salen de este asunto sin consecuencias. Pese a que el fiscal pidió siete años y seis meses para Rosell y dos años y tres meses para Bartomeu, al final han salido exonerados por completo. La multa la pagará el propio Barcelona, algo por lo que sus socios deben pedir explicaciones. Es intolerable que estos dos mandatarios utilicen dinero del club para pagar las consecuencias de sus calamitosas gestiones. Por otra parte, las decisiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía dejan en papel mojado el artículo 14 de la Constitución: «Todos los españoles somos iguales ante la ley».

El agravio comparativo a la hora de juzgar este particular es tan evidente que, además de ser una ofensa a la honradez de cualquier ciudadano, resulta un insulto para otros jugadores del Barcelona como Leo Messi o Javier Mascherano. En el caso del propio Messi, el Abogado del Estado llegó a definirlo como «capo de una estructura criminal» y tuvo que pagar una multa que suponía el doble de la cantidad defraudada más los intereses de la misma. Si el Barcelona defraudó 13,5 millones en el caso Neymar, tendría que haber pagado una penalización entre los 28 y 30 millones de euros. Al final, quedan esos 5 millones como deferencia con aquellos que han tratado de burlar la ley.