Opinión

Mayo, mes crucial para Begoña y su ‘husband’

  • Carlos Dávila
  • Periodista. Ex director de publicaciones del grupo Intereconomía, trabajé en Cadena Cope, Diario 16 y Radio Nacional. Escribo sobre política nacional.

Cuando se va a cumplir un año -un año ya- de aquella espantada cobarde de Pedro Sánchez tomándose cinco días de asueto, con sueldo eso sí, para reflexionar, sobre los ataques -dijo- a su señora Begoña Gómez, se puede dar por seguro hoy mismo que varias, por decir mejor, casi todas, las irregularidades legales, políticas y administrativas que afectan a la esposa del presidente van a tener efectiva resolución durante este mes venidero. Será para ella, para su marido, para el Gobierno en general y el PSOE en particular, no un mes de las flores, sino un tiempo terrible de sucesivos via crucis. Empezando por lo más alejado: según informaciones que ha recogido este cronista y que gozan de absoluta solvencia, antes de que finalice mayo los tres delegados españoles de la Fiscalía Europea levantarán el secreto de sus investigaciones sobre la denuncia que en su momento llegó a esa instancia, una denuncia que apreciaba enormes irregularidades en las contrataciones con fondos europeos y de las cuales fue muy beneficiado el empresario Barrabés gracias, ¡cómo no!, a la mediación interesada y muy persistente de la citada Begoña Gómez.

El titular de la Fiscalía, Ignacio de Lucas, un profesional sin adscripción ideológica, pese a que su hermano, catedrático de Derecho Natural, fue senador del PSOE, cedió los trastos a tres colegas delegados  que son los que todavía  debaten sobre el caso que nos ocupa. De Lucas ha alentado a los fiscales a que se pronuncien cuanto antes porque -esto es literal de la institución- «la investigación no se puede alargar más tiempo». Y en eso están Antonio Zárate, Laura Pellón y Luis Jiménez. ¿Qué se espera de su resolución? Pues que se publique antes de finalizar mayo. No hay noticias fidedignas sobre su cariz, pero sí se puede especular sobre los motivos que condujeron al jefe de la Fiscalía a delegar en  sus tres compañeros e iniciar sus trabajos de investigación, con muchas rogatorias incluidas. Se debe afirmar en todo caso lo siguiente: si, de entrada los fiscales no hubieran hallado indicios suficientes de posible delitos, habrían rechazado la denuncia. Esto es todo lo que hay que decir anticipadamente. Queda pues poco más de un mes para saber el destino de Begoña Gómez en este delicado asunto.

El segundo tiene un nombre y apellido claro: el juez Juan Carlos Peinado. La verdad es que sus trabajos indagatorios sobre diversos aspectos de las actividades de Begoña Gómez están exasperando a buena parte de la Carrera Judicial. ¿Por qué? Fácil: por su lentitud. Varios miembros de la Magistratura achacan esta parsimonia a la falta de seguridad técnica que sufre Peinado en su instrucción. En esta imputación parece haber incluso una cierta parte de contenido elitista porque Peinado no pertenece a la carrera por oposición, sino por una vía indirecta de acceso que nunca ha tenido demasiada prestancia entre los jueces fetén. De cualquier manera, Peinado está efectuando una labor casi de entomólogo jurídico que nadie puede desdeñar. «Falso -aseguran al cronista- que ya tenga decidida su decisión».  «Ni mucho menos», según afirman, «porque se encuentra aún en fase de reconocimiento de pruebas». Pero siendo esto así ¿qué se filtra desde fuentes autorizadas? Pues que en la circunstancia de  la cátedra de la Complutense, «Begoña lo tiene francamente comprometido». Y ¿cuándo terminará Peinado sus labores? Hace poco tiempo se inducía que no antes de fin de año, ahora se previene que durante este cercano mes de mayo pueden existir noticias efectivas.

En mayo también por lo demás, primera semana muy posiblemente, el Consejo General del Poder Judicial va a designar dos cargos trascendentales en la organización judicial del país: los presidentes de la Sala II y III del Tribunal Supremo sobre los que ha existido gran controversia desde la marcha del gran Marchena. Tal parece que para el primero de los puestos el que ahora es presidente provisional, Andrés Martínez Arrieta, contará con los votos de los miembros liberales del Consejo cooptados por el Partido Popular, también -y esta es una gran noticia- con el de la presidenta del Supremo, Isabel Perelló y quizás -nada desdeñable- con uno de los integrantes del llamado «sector progresista». Se trata del magistrado avalado nada menos que por Podemos, Carlos Hugo Preciado, que está ejerciendo su cargo con una independencia que enoja sobremanera a los progresistas, esos que guardan obediencia lanar al ministro de casi todo, Félix Bolaños. Para la Sala III hay un candidato indiscutible: Pablo Luca. Estas designaciones acabarán de cuajo con la inestabilidad del alto Tribunal alguno de cuyos componentes, como el juez Hurtado, sufren en sus propias carnes la brutal enemiga del Gobierno de Sánchez. Un Supremo renovado así se las tendrá tiesas con el fiscal general del Estado, el amanuense de Sánchez, y con toda la trama Ábalos de la que el matrimonio es miembro de pleno derecho.

Y aún estamos a la espera de otra circunstancia. Será la decisión del Tribunal Constitucional presidido de forma totalitaria por Pumpido, el juez en agonía, que ya se encuentra en disposición de declarar legales, ajustadas a la causa constitucional, las numerosas amnistías catalanas pendientes. No cabe duda que Pumpido y sus costaleros no van a fallar, aunque en los últimos días -esto es algo más que rumor- circula por Madrid la especie de una cierta rebeldía de algún, o algunos, magistrados/as del Tribunal que no quieren manchar más sus ya sucias togas con una sentencia que a uno de ellos, según propia confensión privada, le «pone la cara colorada». Este, todavía, imperceptible movimiento puede fudamentarse también en la inutilidad de una sentencia general de amnistía, porque ya el Tribunal Supremo tiene advertido (el que más lo ha avisado es el valeroso juez Llarena) que la decisión de Pumpido afectaría, bien es cierto, a la susodichas amnistías pero no a su ámbito de aplicación que corresponde estrictamente a los jueces y magistrados, sea cuales fueren sus situaciones profesionales. Por todo esto y sobre todo por la vuelta a la tranquilidad del Supremo, se avecinan via crucis sucesivos tanto para para Sánchez como para su esposa. Y al final de la la escapada, de aquella que se abrió ahora va a hacer un año, se halla Puigdemont, que ya ha amenazado con que si antes del 1 de julio no se resuelve «lo mío», o sea, su regreso en olor de multitudes a Cataluña, rompe la baraja. Sería la etapa terminal de este desaprensivo que aún habita en La Moncloa.