La justicia puede poner fin al pasteleo Sánchez-PNV-Bildu con los presos etarras

El plan es el siguiente: el Gobierno de Pedro Sánchez lleva a los sanguinarios presos de ETA a las cárceles del País Vasco y cede a este territorio las competencias en materia penitenciaria para que el Gobierno de Urkullu les ponga en régimen de semilibertad. Es lo que pretendían el PNV y Bildu y es lo que han logrado sacarle a Sánchez a cambio de su apoyo parlamentario. Un total de 13 etarras que cumplen condena en el País Vasco y que ya han sido puestos en régimen de semilibertad -sólo tienen que dormir en prisión- pueden volver a la cárcel si la Audiencia Nacional, que ya está investigando los casos, considera que los beneficios penitenciarios, concedidos por cuestiones de «arraigo», han sido excesivos al no haber existido arrepentimiento. Varias de esas órdenes de semilibertad, además, se firmaron el mismo día. Entre los etarras señalados está el terrorista que asesinó al socialista Ernest Lluch.

La cifra de presos etarras que han sido acogidos en cárceles vascas es ya de 116. De ellos, 36 han logrado el régimen de semilibertad, pero los planes de Urkullu y Otegi, con el beneplácito de Sánchez, pueden verse frustrados. La Fiscalía ha recurrido hasta ahora un total de 16 de esas 36 salidas, que están siendo analizadas por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro. Y es que ninguno de esos pistoleros ha pedido perdón a las víctimas de sus atentados, sólo han elaborado una carta, con párrafos idénticos, que bajo ningún concepto puede considerarse como una prueba de arrepentimiento. El Gobierno y el Ministerio del Interior, mientras tanto, consideran que para ser acercado al País Vasco vale con asumir la legalidad penitenciaria, rebajando el listón hasta tal punto que el 70% de los presos etarras ya cumplen condena en cárceles vascas. El problema para Sánchez es que si la Audiencia Nacional revoca el régimen de semilibertad, PNV y Bildu le pedirán cuentas. Lo que le faltaba a Pedro Sánchez.