La Justicia maltrata a Zaplana, pero cuida de los etarras

Eduardo Zaplana, en prisión preventiva desde mayo por el caso Erial, padece una leucemia con riesgo claro de muerte. Sin embargo, y a pesar de la deteriorada salud que presenta el ex ministro –que ha pasado de 80 a 60 kilos de peso desde su entrada en prisión–, la magistrada Isabel Rodríguez no ha mostrado un ápice de humanidad y no permite la excarcelación del popular alegando riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Ni siquiera ha accedido a contemplar la libertad condicional teniendo en su poder los múltiples informes médicos que demuestran el grave estado de salud del ex presidente de la Comunidad Valenciana.

La magistrada, respaldada por la Fiscalía, debería resolver esta penosa situación penitenciara de Zaplana de forma compasiva. La misma compasión con la que se trata a los etarras enfermos encarcelados por delitos de sangre. Hace apenas unos días, la Audiencia Nacional ha permitido a Ibon Iparragirre, terrorista de ETA enfermo de sida, el traslado a una casa de acogida en Vitoria con la condición llevar una pulsera telemática de localización.

Sobre este etarra pesan cuatro condenas firmes por pertenencia a banda armada, una de ellas que asciende a 299 años de prisión por la colocación de un coche bomba en Ondarroa. En su auto, el juez José Luís Castro sustentó su decisión atendiendo a “su estado de salud con el fin de recibir el tratamiento médico”. El mismo magistrado, por cierto, que concedió la libertad vigilada a Uribetxebarria Bolinaga, el carcelero de José Antonio Ortega Lara, dos años antes de su fallecimiento por cáncer.

Independientemente de las decisiones judiciales o los delitos de prevaricación y blanqueo de capitales que pesan sobre Zaplana –y que, por supuesto, deben ser juzgados–, la magistrada Rodríguez debería ser, no sólo empática y humanitaria, algo que no es incompatible con el Estado de Derecho, sino también ecuánime y no privar al ex ministro de la dignidad que la justicia sí brinda a los etarras.