La justicia condena la cacería ideológica del equipo de Manuela Carmena

Cuando Manuela Carmena llegó al Ayuntamiento de Madrid los criterios de mérito y capacidad profesional sucumbieron ante el sectarismo ideológico de los dirigentes de Ahora Madrid, que emprendieron la clásica purga de la izquierda contra todo aquel o aquella que no fuera de la cuerda. Es lo que le ocurrió a la comisaria Rosa García, que con la llegada del nuevo equipo municipal fue apartada y condenada de forma miserable al ostracismo más absoluto. La funcionaria pasó un auténtico infierno, hasta el punto de que se resintió su salud. Manuela Carmena era la imagen amable de un Ayuntamiento que manejaba una hornada de radicales que hicieron y deshicieron a su antojo, guiados por el afán de revancha.

La comisaria García fue una de sus víctimas. Denunció su adscripción en un puesto de trabajo que era, sobre todo, un castigo, y el tiempo ha terminado por darle la razón. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 19 de Madrid y luego el TSJM han ratificado que, en efecto, se produjo una violación del derecho fundamental a la dignidad de la persona y a la integridad física y moral de la denunciante. Estos eran -y son- los que van presumiendo de su defensa de los derechos humanos.

La sentencia, que tumba el recurso presentado a un fallo condenatorio anterior, es elocuente: «Debo acordar y acuerdo que el acto administrativo recurrido no es conforme a derecho en su totalidad, y lo debo revocar y revoco en cuanto la adscripción provisional de Rosa María García en el puesto de trabajo de jefe de unidad número 30051479, habiéndose producido la violación del derecho fundamental esgrimido de conformidad con el artículo 15 de la Constitución». Ahí es nada. Han pasado años, es cierto, pero al menos esta víctima de la cacería ideológica de la izquierda radical ha encontrado el consuelo de que los tribunales le han dado la razón y retratado la infamia de los responsables municipales que le hicieron la vida imposible. Entre ellos, el entonces concejal de Seguridad, Javier Barbero. Un violador de derechos fundamentales.