Juicio al sanchismo en el Supremo

El Tribunal Supremo se dispone a acoger la primera vista oral del denominado caso Koldo, un juicio en el que quien fuera mano derecha -e izquierda- de Pedro Sánchez, secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, junto a su antiguo asesor y el empresario Víctor de Aldama, afrontan peticiones de pena de hasta 30 años de cárcel por la denominada «trama de las mascarillas».

Con independencia de cuáles sean las estrategias de defensa de unos y de otros, parece evidente que la vista que comienza en el alto tribunal va mucho más allá del horizonte penal de los distintos imputados, porque el juicio tiene un valor político evidente en tanto quienes se sientan en el banquillo constituyeron, junto a Santos Cerdán -también procesado por corrupción-, la piedra angular de lo que entendemos por sanchismo, un régimen marcado por el poder absoluto de un autócrata que ahora pretende marcar distancias con quienes fueron sus más leales colaboradores.

Koldo y Ábalos constituyen el retrato más descarnado de ese régimen y sus actuaciones no pueden, por mucho que Sánchez reniegue ahora de ambos, desligarse del funcionamiento de un partido que se encuentra bajo la lupa de la justicia ante los indicios que apuntan a una supuesta financiación ilegal. Y es que Koldo, Ábalos o Cerdán no eran tres socialistas más, sino los tres socialistas que llevaron a Sánchez a la secretaría general del PSOE.

La nula asunción de responsabilidades políticas del presidente del Gobierno constituye una prueba más del desprecio del personaje por los más básicos preceptos democráticos. Argumentar que Koldo, Ábalos o Cerdán maniobraron al margen del PSOE cuando eran la esencia misma del PSOE de Pedro Sánchez es un ejercicio supremo de cinismo que ha contado en el Congreso de los Diputados con la anuencia de eso que el presidente del Gobierno llama fuerzas del progreso. Porque en una democracia normal, el juicio que ahora empieza en el Supremo se habría celebrado ya sin Pedro Sánchez en la jefatura del Gobierno.