La insolidaridad de la independencia fiscal singular en Cataluña

Esta semana se ha anunciado un principio de acuerdo político, pendiente de ratificar por una asamblea de ERC, para avanzar de forma robusta hacia una plena soberanía fiscal singular de Cataluña bajo la forma conocida de concierto económico.

En palabras de los independentistas se trata de la entrega de la llave de la caja como paso «necesario e imprescindible para ser más fuertes, menos dependientes» y así lograr la independencia de Cataluña de una forma más eficaz. Un proceso que requerirá el cambio de la normativa vigente desde 1980, la llamada Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas -LOFCA-, que ni será rápido ni sencillo.

Hace más de una década, como director de política financiera de la Comunidad de Madrid fui testigo de varias decisiones financieras equivocadas por parte de la Generalitat de Cataluña que han provocado mucha frustración a sus dirigentes políticos desde entonces. Estos errores de cálculo finalmente resultaron clave para controlar el proceso político de la pretendida independencia desde el Ministerio de Hacienda que es el encargado de suministrar los fondos económicos para financiar los servicios públicos clave como la sanidad, la educación, la justicia y los servicios sociales que prestan las diferentes regiones de España con los impuestos de todos.

Entre esas malas decisiones de financiación, recuerdo un punto claro de inflexión en 2011 con la emisión de los llamados bonos patrióticos por un importe de 2.639 millones de euros que acabaron por expulsar a la Generalitat de Cataluña de los mercados de deuda internacional y que realmente funcionaron como la pesca en un lago con dinamita, ya que una vez esta explota ya no hay más peces que sacar del mismo que los muertos dado que has acabado con el ecosistema de la confianza financiera.

El año 2012 se inició una época dura en la que el presidente de la Generalitat hizo varios anuncios públicos muy irresponsables sobre la posible intervención de las cuentas de la Generalitat si no se firmaba un pacto fiscal similar al hoy acordado. Desde el punto de vista financiero se llegó a cuestionar el tener recursos públicos suficientes para pagar las nóminas y las deudas, moviendo rápidamente hacia nuestro país y hacia las comunidades autónomas el foco de la desconfianza de los inversores internacionales. La estrategia parecía ser algo así como, si no hay confianza para mí, tampoco tú la mereces.

Ante este despropósito, el equipo del Ministerio de Hacienda se puso manos a la obra durante el año 2012 para recomponer esa confianza aprobando el Real Decreto-Ley 8/2013 contra la morosidad conocido como el Fondo de Pago a Proveedores para garantizar el pago ordenado, y no político, de deudas. Solicitó para ello a las tesorerías de las Comunidades Autónomas el listado de los acreedores con los importes vencidos, miles de millones, para así realizar el pago de estas de forma centralizada.

Lo mismo ocurrió con el voluntario Fondo de Liquidez Autonómica -FLA- que en su regulación según RD Ley 17/14 configuró la financiación autonómica y al que accedieron todas las comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad de Madrid que junto con el Reino de España y el Instituto de Crédito Oficial mantuvimos los mercados internacionales coordinadamente abiertos para nuestra deuda gracias entre otras razones a la transparencia y a la ortodoxia financiera.

Ese Fondo, el FLA, es el que ha mantenido hasta la fecha una forma de tutela financiera pilotada desde el Ministerio de Hacienda que, en algunos casos, se ha visto en el debate político como un provocativo e insultante nuevo vasallaje financiero que atenta contra la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Y es en este contexto, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, queriendo salir de ese entorno estable y previsible, donde se plantea un nuevo modelo que supone de facto la voladura controlada y definitiva no solo de un escudo financiero que ha funcionado en tiempos de crisis, sino de la solidaridad fiscal entre las regiones de España, dado que la experiencia acumulada nos indica que quien recauda no suele devolver a la caja común el exceso de la recaudación.

Entre los economistas tenemos un gran sentimiento de estupefacción política y técnica, ante la precipitada decisión contraria a la igualdad que supone además una privilegiada concesión clave que golpea en la línea de flotación del régimen fiscal común que, con las históricamente justificadas excepciones de Navarra y las Diputaciones Forales vascas, ha sido clave en la gobernanza de las cuentas de nuestro estado autonómico.

La salida de la Generalitat de Catalunya del régimen fiscal común, de la que es además un contribuyente neto, para obtener un modelo fiscal a la carta que gestione todos los impuestos que han de pagarse por los ciudadanos que viven en ese territorio, afectará además a la organización de la agencia estatal tributaria y a sus servicios de recaudación, inspección y lucha contra el fraude.

Una vez concluida la desconexión entre los sistemas fiscales, será casi imposible de revertirla por los cambios profundos que este proceso implica. De la misma forma que es imposible retejer un jersey heredado del abuelo de buena lana de alpaca una vez ha sido destejido, pretendiendo usar para ello la misma lana original.

Y finalmente es además muy llamativo que esta decisión, que se produce como moneda de cambio para favorecer un acuerdo de investidura puntual, se haya tomado en un contexto donde desde el Ministerio de Hacienda se cuestionaba como un mantra la reducida autonomía fiscal legal que Comunidades Autónomas como la andaluza o madrileña estaban optimizando para atraer inversiones y contribuyentes a sus territorios de manera exitosa.

Independentia insolidaria est

José Luis Moreno, economista ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.