Inmigración sí, pero legal y ordenada

El Gobierno de Pedro Sánchez debe tomar medidas urgentes ante la avalancha migratoria procedente de África. En este drama humanitario que atañe a miles de personas en circunstancias extremas sobra demagogia y faltan soluciones concretas. De nada servirá relativizar el problema o lanzar promesas imposibles como la concesión generalizada de permisos de trabajo y residencia, tal y como han hecho hasta ahora los socialistas. Los números objetivos perfilan un contexto muy grave: Salvamento Marítimo ha rescatado a 22.500 personas en lo que va de 2018 y Frontex, la agencia europea de vigilancia de fronteras, advierte de que en los primeros siete meses del año han llegado a nuestro país un 114% más de inmigrantes que en 2017. De ahí que las medidas concretas deban ser inmediatas.

En primer lugar, a nivel institucional. El Ejecutivo español debe promover con urgencia una respuesta conjunta de la Unión Europea y reuniones efectivas —y no efectistas— con Marruecos. La llegada masiva a nuestro territorio, provocada por guerras, hambrunas y pandemias, amén de la laxitud de Mohamed VI, concierne a inmigrantes que se dirigen a todo el continente. Además, sólo a partir de un trabajo coordinado entre los distintos estados miembros se podrá luchar de manera real y efectiva contra algunos de los principales causantes de esta situación: las mafias que se lucran con el tráfico de personas. Ahí es donde la UE tiene que poner el acento y el Ejecutivo de Sánchez, por su parte, dotar de medios suficientes a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que custodian los puntos sensibles.

Hay que dispensar un trato humanitario y ceñido a derecho a todas las personas que llegan a nuestras fronteras de un modo tan desesperado. No obstante, la regulación se hace indispensable tanto por seguridad como por la dignidad de los propios inmigrantes. Suavizar los requisitos para obtener papeles —incluso permitirles votar como ha propuesto en alguna ocasión el PSOE— supondría un efecto llamada que sólo fortalecería el abyecto negocio de las mafias. La UE tiene la responsabilidad de activar un plan humanitario que empiece a incidir sobre los propios países africanos. El PSOE, por su parte, debe trabajar de manera denodada y abandonar las ocurrencias.

No hay que demonizar el fenómeno de la inmigración, pero lo que hay que hacer es dar cabida de manera legal a todos aquellos que quieran buscar su futuro lejos de la pobreza y los conflictos. Para ello se debe facilitar la llegada de inmigrantes de manera ordenada, de lo contrario países como España pueden ver amenazadas su propia estabilidad y su estado del bienestar, lo que alimentará movimientos xenófobos y ultras como ha sucedido en países como Alemania o Hungría.