Inconstitucional por discriminatoria

La propuesta de Podemos de que los transexuales tengan plazas de empleo público reservadas por ley es un disparate, pues se da de bruces con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función Pública. Según el programa, Podemos equipara a las víctimas de violencia de género y las personas trans, estableciendo «una cuota del 3% de empleo público» para estos colectivos. Es inaceptable. Cosa bien distinta es que las administraciones públicas desarrollen estrategias y campañas de concienciación en el ámbito laboral o se incentive al sector privado para la contratación de estas personas, pero lo que no se puede en ningún caso es que el concepto de «discriminación positiva» sea tan amplio que por favorecer a las personas trans se discrimine a quienes no formen parte de este colectivo y se vean penalizados a la hora de acceder a un empleo público.

Es decir, lo que no tiene sentido es adoptar medidas para combatir la discriminación que sean discriminatorias. La campaña de Podemos a favor del colectivo trans Montero pasa porque cualquier persona pueda cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil a partir de los 16 años, únicamente con una declaración expresa. Otro disparate. Pablo Iglesias propone, además, la creación de una Dirección General de Diversidad que dependa de la Consejería de Feminismos, otro departamento de nueva creación. Asimismo, aboga por asegurar la «presencia en los currículos educativos de contenidos sobre diversidad sexual y de género» impidiendo medidas como el llamado «pin» o «veto parental» que «buscan limitar el derecho a la educación y evitar la lucha contra la discriminación».

La sobreactuación en este asunto de Podemos alcanza el paroxismo del absurdo. Lo último, que las personas trans dispongan de plazas fijas en la Administración Pública, ya es rizar el rizo. Para combatir la discriminación del colectivo abogan por discriminar al resto. Esta gente de Podemos no tiene límites.