Un Govern que avanza a paso de tortuga

Decía Milton Friedman que las iniciativas que no se ponen en marcha durante el primer año de gobierno nunca llegan a culminarse en lo que queda de legislatura. Y aunque es cierto que la prudencia obliga a esperar al cuatrienio entero para hacer un balance justo y equilibrado, máxime conociendo la parsimonia paquidérmica y los dilatados tiempos de la Administración, también lo es que lo sembrado en este primer año ofrece ya algunas pistas de cómo será la cosecha al final de legislatura.

A decir verdad, resulta complicado vislumbrar un avance sustancial del cambio que pregona Marga Prohens en este primer año. Lo mejor, sin lugar a dudas, la reducción de impuestos en la compra de viviendas y la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Todo lo que sea rebajar impuestos y adelgazar las mórbidas administraciones, máxime si están politizadas hasta el tuétano como la Oficina Antifraude o la Comisión Balear de Medio Ambiente, va en la buena dirección, aunque sería necesaria muchísima más ambición en el empeño de ponerlas a dieta.

Por otro lado, algunas de las medidas contempladas en el decreto de vivienda aprobado han sido un acierto, como la división de parcelas para construir nuevas viviendas o los cambios de uso para convertir locales comerciales en viviendas. Otras, como las orientadas a construir viviendas de precio limitado, están probablemente destinadas al fracaso a menos que estas nuevas edificaciones se construyan sobre suelo público, como ha anunciado un alcalde de Palma, tal vez inclinado en exceso a los grandes titulares, algo que podría pagar en las urnas si sus promesas no se acaban de concretar.

Por otro lado, veremos en qué queda finalmente una magnífica iniciativa como la ley ómnibus de simplificación administrativa. Entre sus sombras, la confiscación de la propiedad privada al privar a quienes legalicen sus viviendas fuera de ordenación a su explotación como alquiler vacacional. Sería un error, por otro lado, pasar de largo y dejar como están la constelación de organismos de participación educativa copados por los sindicatos verticales, federaciones de asociaciones de padres (que suelen estar en manos de maestros), asociaciones de directores de centros públicos en su mayor parte elegidos por el CFIRDE con el recientemente defenestrado Manel Perelló a la cabeza, amén de otros colectivos paraestatales que tienen voz y voto en cuestiones que caen fuera de sus competencias, reduciendo notablemente el grado de discrecionalidad y la capacidad de maniobra del consejero de turno.

El principal objetivo de los consejos escolares, juntas de personal, mesas de educación y demás parafernalia al uso creada por la legislación educativa no es otro que atar de pies y manos al político de turno para que le sea casi imposible hacer alguna reforma educativa de calado que cuestione los privilegios gremiales de los altos funcionarios y de estos autollamados representantes de la comunidad educativa.

En realidad, lo que ocurre en la Consejería de Educación es extensible a la mayor parte de las áreas del Govern. La suma de una burocracia desbocada, suspicaz y poco implicada en las reformas unida a una normativa ambigua, densa y dispersa más unos canales de participación que facilitan la interposición de todo tipo de trabas en manos de las bien organizadas correas de transmisión izquierdistas, terminan dando como resultado el bloqueo de las administraciones. Si el político de marras no es terco, el alto funcionario, acogiéndose a algún artículo de una orden o resolución o a cualquier fundamento jurídico de una sentencia, le va a convencer fácilmente que todo su empeño en cambiar las cosas va a ser baldío. Mientras no se aborde esta realidad (derogando diez normas por cada una que se apruebe, por ejemplo) todos los gobiernos del PP o Vox fracasarán a la hora de llevar sus promesas electorales a la práctica.

Por lo demás, el resto de «logros» del primer año de este Govern son más bien discretos, por no decir controvertidos, según se miren desde una óptica liberal o socialdemócrata. Veremos cómo se implementa la universalización de la educación gratuita de 0 a 3 años, una de las pocas medidas a las que se comprometió claramente Marga Prohens en materia de enseñanza. La medida va a aumentar la demanda de un servicio que antes funcionaba bastante bien en manos privadas y consistoriales, un servicio que, como todo en la vida real, lo pagaba quien lo utilizaba. Nunca le agradeceremos demasiado a Prohens sus esfuerzos en asistirnos «de la cuna a la tumba», en frase también célebre de Friedman. La incorporación de este nuevo servicio asistencial en la ya abigarrada cartera de servicios gratuitos del Govern supone una mayor dependencia del ciudadano hacia este cuerno de la abundancia que es el Estado, que crece sin solución de continuidad, sea bajo gobiernos del PSOE o del PP.

En cuanto al sonado aumento de la plantilla docente anunciado por Antoni Vera para el próximo curso y del que Prohens al parecer se siente tan orgullosa, al menos por estos nuevos 300 auxiliares técnicos educativos que entrarán a trabajar en septiembre, resulta del todo inexplicable. En el transcurso de un año hemos pasado de afirmar, Antoni Morante dixit que sobraban profesores por la caída de matriculaciones y el proceso de estabilización de miles de interinos que habían pasado a ser funcionarios… a decir que faltan profesores. Los departamentos de orientación pedagógica ya rebosan de personal como para admitir más psicólogos clínicos, más psicopedagogos, más educadores en la diversidad, más personal de apoyo y más auxiliares técnicos.

No sabemos si esta hiperinflación de estos departamentos de orientación se debe a una necesidad verdaderamente real que da respuesta al formidable aumento de alumnos con necesidades educativas o si en realidad se trata de un efecto autoinducido por la propia burocracia del consuelo (el llamado consorcio del bienestar social que agrupa a orientadores, cuidadores, intermediadores, psicopedagogos, psicólogos y profesores de apoyo) que, incentivada y alimentada por leyes y protocolos al servicio del buenismo y del pedagogismo, no deja de reproducirse a sí misma sin límite, problematizando situaciones y casos que en el pasado no habrían merecido otra atención que una atención algo más personal e individualizada.

De momento, desconocemos qué han dado de sí las pruebas de diagnóstico que se han realizado este final de curso tras años de no llevarse a cabo debido a la indolencia de su responsable, Martí March. Ignoramos por lo tanto cuál es ahora mismo el nivel académico real del alumnado balear, una vez nos hemos dado por enterados que todas sus condiciones materiales, sanitarias, emocionales y sentimentales están bien cubiertas por una consejería, la de Educación, que perfectamente podría definirse como una extensión de la de Servicios Sociales que dirige Catalina Cirer.

Sabemos que el alumnado balear está seguro en centros que ya no se caen a pedazos, es felizmente transportado desde sus casas hasta los institutos sin coste alguno, está tratado emocional e incluso psicológicamente como nunca lo había estado antes, está perfectamente orientado por los psicopedagogos, está bien alimentado gracias a las becas comedor, no pasa ni frío ni calor en aulas convenientemente refrigeradas, está alegremente instruido en educación sexual gracias a los oficios del Convivexit y prosigue adecuadamente adoctrinado en todas las soflamas progresistas para que de mayores no caigan a los infiernos de la fachosfera.

Esperemos que este primer año de Marga Prohens haya sido un año de siembra y de transición para ponerse al día de los desaguisados que les dejó la izquierda con sus ya tradicionales políticas de tierra quemada y su inveterada afición a colonizar las administraciones con sus peones. Y que, a partir del segundo año, el Govern ponga por fin velocidad de crucero a ver si el «cambio» pregonado tantas veces por Prohens «avanza» de verdad y tiene más algo más de sustancia.