El fiscal general no explica por qué borró las huellas del delito

Que alguien como Álvaro García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos, haga uso de su derecho a no responder a las preguntas de un magistrado del Tribunal Supremo entraría en el terreno de lo comprensible si no fuera porque Álvaro García Ortiz es el fiscal general del Estado, órgano encargado de velar por el principio de legalidad. La imagen de un fiscal general del Estado negándose a responder a un juez del máximo tribunal es, sencillamente, demoledora, pero a la vez es la prueba del nivel de degradación institucional que se ha alcanzado con el sanchismo.

El sanchismo, como concepto, es la ausencia de principios y García Ortiz encarna a la perfección lo que representa el sanchismo. Ya no sólo es que el fiscal general del Estado se pusiera al servicio del Gobierno para causar un daño político a Isabel Díaz Ayuso. Es que lo hizo, presuntamente, delinquiendo. O sea, saltándose la ley. Lo nunca visto: el llamado a defender la ley y perseguir los delitos, infringiendo de manera intencionada el Código Penal.

El fiscal general se ha negado  a responder al magistrado Ángel Hurtado, que abrió una causa especial sobre él tras la filtración a los medios de comunicación del procedimiento judicial sobre fraude fiscal abierto contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador. García Ortiz ha evitado dar explicaciones en el Supremo sobre su móvil, la prueba clave que ayudaría a esclarecer los hechos investigados. El juez comisionó a la UCO para que interviniesen los terminales de los fiscales investigados e implicados en la filtración y los agentes han podido constatar cómo se intercambiaron mensajes sobre el caso del novio de Ayuso. Detectaron mensajes intercambiados con el fiscal general, pero no han podido acceder al móvil que tenía entonces, ya que Álvaro García Ortiz se ha deshecho de ese dispositivo. A eso se le llama borrar las huellas del delito.