Éxito de la clase práctica del Gobierno en la que enseñaba a borrar las huellas del delito
Tenemos un Gobierno tan progresista y que vela tanto por los derechos de las personas con un pasado turbio que no tuvo mujer idea en 2022 que publicar un vídeo instruyendo sobre cómo borrar los antecedentes penales incluidos en el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género, un requisito indispensable para poder obtener la nacionalidad española. El Ministerio de Justicia, entonces encabezado por la juez Pilar Llop, señaló que «los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia». De ese modo, ofrecía «paso a paso cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales» a través de internet.
Y pasó lo que tenía que pasar: las peticiones para el acceso, rectificación o supresión de datos incluidos en el sistema VIOGén se han triplicado gracias a los consejos del Gobierno para proceder al borrado de ‘las huellas del delito’. Mientras que en el 2020 se presentaron 79 solicitudes para el «acceso, rectificación o supresión, respecto de datos» que aparecen en la plataforma, en 2024, último año con datos completos, se dispararon hasta 316 reclamaciones. Resulta sorprendente que fuera el Ejecutivo quien se pusiera a dar lecciones de cómo conseguir que no quede constancia de haber tenido antecedentes penales. Y todo por su obsesión de nacionalizar a cuántos más extranjeros mejor. O sea, en su afán obsesivo por rascar votos enseñó la forma de evitar que los antecedentes acabaran con el sueño de ser español.
Para lograr el borrado del historial delictivo es necesario cumplir con una serie de requisitos, entre los que están la extinción de la responsabilidad penal y el cumplimiento de los plazos exigidos, pues es necesario que transcurra un determinado espacio de tiempo, que varía en función del delito, y en el que habitualmente se suelen cumplir penas. La clase práctica del Gobierno parece que está dando resultados. Cada vez es mayor el número de extranjeros que han logrado borrar sus antecedentes penales.
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