Esto no puede quedar impune

La justicia tiene que actuar para dirimir la implicación concreta del equipo de Ada Colau en el golpe de Estado del pasado 1 de octubre. Suelen salir impunes de cada una de sus jugadas, pero esta vez han ido demasiado lejos. La alcaldesa y sus colaboradores nunca disimularon sus filias hacia el referéndum ilegal. Sólo la prohibición por parte del Tribunal Constitucional les hizo aparentar una equidistancia que tenía más que ver con el cinismo que con la realidad. La prueba es que Jaume Asens, uno de sus más cercanos colaboradores, mantuvo contacto directo con Marta Rovira en las fechas previas al 1-O. Colau es la máxima responsable de lo que pasa en el Consistorio barcelonés y, por lo tanto, debe explicar hasta qué punto conocía la implicación en el referéndum de la gente que la rodea habitualmente en su desempeño político. Desde luego, Rovira no es la mejor compañía. Hablamos de una de las cabecillas del golpe, al nivel del huido Puigdemont, del encarcelado Junqueras o del «talibán» Forn.

Como OKDIARIO ha desvelado en las últimas fechas, la secretaria general de ERC —y cabeza de lista por parte de los independentistas de cara a los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre— fue la persona que supervisó los preparativos del material electoral así como el almacenamiento de las urnas que se utilizaron en dicho referéndum ilegal. No sólo eso, además estuvo en las reuniones donde se diseñó la hoja de ruta golpista. Una implicación por la que tendría que comparecer como imputada ante Pablo Llarena lo ante posible y que se podría traducir en delitos de rebelión, sedición y malversación. Mala compañía, por tanto, para los componentes del equipo de Ada Colau y, en especial, para una persona tan cercana a ella como Jaume Asens. Un hombre, que nadie lo olvide, que aseguró que la huida de Puigdemont era «una buena idea» porque «dificulta su encarcelamiento».

Tanto el equipo de Colau en general, como la propia alcaldesa en particular, deben hacer frente a las consecuencias de sus actos. Algo necesario para que se esclarezca la nómina completa de participantes en los preparativos del 1-O. Los antecedentes, desde luego, no pueden hablar más a las claras. El pasado 1 de octubre, Colau dijo que Rajoy era un «cobarde» por mandar a la Policía. Debía pensar la primera edil que la prohibición del Constitucional era de broma, ya que de otra manera no se entiende semejante dislate. No obstante, no se quedó ahí, un mes después reconoció como «legítimo» el gobierno del golpista Puigdemont y, por si fuera poco, acusó sin pruebas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de haber cometido «abusos sexuales». Con semejante colección de disparates, y las nuevas pruebas que aporta la Guardia Civil, la alcaldesa y sus ediles quedan en una situación muy delicada.