Un escándalo que hay que investigar, caiga quien caiga

La Fiscalía Anticorrupción ha hecho lo correcto al decidir investigar las presuntas comisiones millonarias que Juan Carlos I se habría llevado de la construcción del AVE entre Medina y La Meca en Arabia Saudí, aún sabiendo que los actos del monarca gozan de inviolabilidad, tal y como reza el artículo 56.3 de nuestra Constitución. Un privilegio que sigue vigente, aunque no ocupe el trono, porque las supuestas mordidas ilegales que se investigan son anteriores a la abdicación en favor de su hijo Felipe VI el 19 de junio de 2014. Según la Constitución, no es posible atribuir responsabilidades con carácter retroactivo. En otras palabras, y es posible que efectivamente suponga un defecto de forma y contenido de la Carta Magna sobre el que debemos reflexionar, si apareciera algo contra el emérito en esta investigación no podría ser juzgado.

La sospecha sobre el posible pago de comisiones al Rey parte de una grabación del comisario José Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein en Londres, desvelada en exclusiva por OKDIARIO, donde la amiga germanodanesa de don Juan Carlos afirmaba que éste se habría llevado alrededor de 80 millones de euros por hacer de intermediario entre Riah y el consorcio empresarial donde participan hasta un total de 12 corporaciones, entre las que están Adif, OHL o Renfe. Una cifra astronómica que para mayor sonrojo y falta de ejemplaridad habría sido depositada por el Jefe de Estado en una cuenta bancaria en Suiza.

Ahora, tras la apertura de diligencias de investigación secretas en una pieza aparte al caso Tándem que afecta al ex comisario actualmente encarcelado, Anticorrupción tiene una segunda oportunidad para llegar hasta el fondo del asunto después de que en septiembre el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea y los fiscales anticorrupción decidieran archivar los audios de la “amiga entrañable” del marido de doña Sofía de Grecia porque los indicios contra él, argumentaban, eran “extraordinariamente débiles” al tener sólo la referencia de Corinna. Eso sí, se creyó conveniente indagar sobre los detalles de la adjudicación de la obra, un modo de proceder extraño y poco equitativo que ahora el equipo de Alejandro Luzón tiene la oportunidad de enmendar.

Es más que probable que, teniendo en cuenta la inviolabilidad del Rey señalada en la Carta Magna, Anticorrupción desistiera de investigar la existencia de un delito que aún existiendo, no tendría castigo penal para don Juan Carlos, pero que en el caso de probarse supondría un verdadero terremoto para los cimientos de la Corona española.