Dimitir no es un nombre ruso
En Letonia se hundió el techo de un supermercado y cayó el Gobierno. En Grecia chocaron dos trenes y al día siguiente dimitió el ministro de Transportes. En Corea del Sur se fue al fondo un transbordador y el primer ministro se fue a su casa. En el mundo, dimitir ante un desastre no es una tragedia griega. Hay países donde las catástrofes tienen consecuencias políticas, aunque desde aquí nos parezca un exótico ritual de culturas lejanas e incomprensibles.
Lo de Grecia tiene especial interés por las semejanzas. El 28 de febrero de 2023, un tren de pasajeros chocó frontalmente con otro de mercancías cerca de Tempi. Murieron 57 personas. Al día siguiente, el ministro de Transportes, Kostas Karamanlis, presentó su dimisión. Explicó que la red ferroviaria arrastraba deficiencias desde hacía años, que su Gobierno había intentado corregirlas y que, a la vista de los resultados, sus esfuerzos habían sido insuficientes. Marcharse, dijo, era lo menos que podía hacer por las víctimas.
Traducido al panorama político español, el caso sigue sonando a griego. ¿Cómo que habían hecho todo lo posible y, aun así, dimitía? ¿Y los gobiernos anteriores? ¿Y los técnicos? ¿Y el operario que se equivocó? ¿Y la investigación judicial? ¿Es que aquel hombre carecía de asesores de comunicación?
En noviembre de 2013 se derrumbó el techo de un supermercado de Riga, capital de Letonia, y murieron 54 personas. Seis días después, el primer ministro, Valdis Dombrovskis, anunció su dimisión, que arrastraba consigo a todo el Ejecutivo. En abril de 2014, el hundimiento del transbordador Sewol, con más de trescientas víctimas, llevó al primer ministro surcoreano, Chung Hong-won, a presentar también su renuncia. Consideraba que su permanencia en el cargo constituiría una carga para la Administración. Tres países, tres tragedias y tres gobernantes que habían comprendido una cosa elemental: sus respectivos países podían seguir funcionando perfectamente sin ellos.
España tiene una relación peculiar con la dimisión. Nuestros ministros parecen adheridos a sus carteras con Loctite, aunque la exigencia de responsabilidades políticas es una de las actividades favoritas de la oposición. Especialmente de la izquierda, que durante sus temporadas fuera del Gobierno suele disparar peticiones de dimisión con la despreocupada generosidad de un mono armado con una AK-47.
Recuerdo perfectamente el hundimiento del Prestige, en noviembre de 2002. Leyendo a la oposición de entonces, cualquiera habría pensado que José María Aznar había hundido personalmente el petrolero con un obús disparado desde La Moncloa. La indignación por la catástrofe ecológica y por la gestión gubernamental produjo manifestaciones multitudinarias y exigencias de responsabilidades a todos los niveles. José Luis Rodríguez Zapatero reprochó una y otra vez al Gobierno su negativa a asumirlas.
Y aquí viene lo divertido. En el debate sobre el estado de la Nación del 30 de junio de 2003, Zapatero echó en cara a Aznar su falta de explicaciones sobre el Prestige, los accidentes ferroviarios y el siniestro del avión militar Yak-42. Y, enumerando las responsabilidades políticas que nadie había asumido, incluyó expresamente el fracaso de la gestión de las infraestructuras ferroviarias. Lo dijo así, hace 23 años, en el Congreso de los Diputados. Lo de los ferrocarriles tiene hoy una resonancia particularmente desagradable.
Pero eludir la dimisión parece un pilar inamovible de nuestro régimen. Una vez instalada la propia persona en el despacho, el principio adquiere tantas condiciones, excepciones y requisitos probatorios que termina por desaparecer. Los partidos españoles parecen haber desarrollado dos doctrinas de la responsabilidad política: una para gobernar y otra para exigir que gobiernen otros.
En lo que llevamos de año, España ha sufrido dos gravísimas catástrofes ferroviarias, Adamuz y Urda. La segunda ha dejado, hasta el momento, al menos 69 muertos. Óscar Puente ha descartado dimitir. Su manera de asumir responsabilidades, explica, consiste en dar la cara, esclarecer lo sucedido y resolver los problemas.
Puente ha declarado que él «no estaba a los mandos», algo que ya sospechábamos, aunque solo sea porque Twitter (ahora X) no le deja tiempo para nada más. Pero la declaración es tan infantil, tan alejada de una comprensión adulta de la responsabilidad política, que da miedo.
En una democracia medianamente sana, dimitir no tiene por qué ser cosa de tribunales. El gobernante debe responder de los desastres que se produzcan en su campo, sobre todo si se repiten con consecuencias tan trágicas, porque responde últimamente de nombramientos, sistemas de seguridad, mantenimiento. Exactamente igual que un CEO cuya empresa se desploma en ventas.
Pero hay algo más grave y más profundo: no han entendido nada de lo que significa una democracia o, mejor, no les importa en absoluto. El propio concepto de democracia presupone que el gobernante es perfectamente prescindible. El poder pertenece al pueblo, o al menos se ejerce en nombre de su mayoría, y quienes lo administran son representantes temporales, mandatarios a los que se puede sustituir. La gran ventaja del invento consiste en que podemos librarnos de nuestros gobernantes sin necesidad de una guerra civil, un regicidio o una revolución. Se marcha uno, llega otro y el país continúa.
Se nos llena la boca con la soberanía popular, pero nos convencen fácilmente de que la marcha de un ministro pondría en peligro la estabilidad de la nación. Cada dimisión se presenta como una victoria intolerable del adversario, una capitulación, una amenaza para el proyecto político. El político se vuelve indispensable a sus propios ojos, y su supervivencia en el cargo acaba importándole más que la confianza pública en la institución que representa.
Una democracia necesita que sus gobernantes sepan marcharse. Especialmente cuando las cosas han salido tan espantosamente mal que resulta difícil sostener que todo funciona como debiera. La dimisión tiene una dimensión moral que jamás podrá sustituirse con una rueda de prensa, una comisión de investigación o una prolija explicación técnica.
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