Cuando te vuelves loco para mantener el poder

Me temo muy mucho que la brutal detención de un ciudadano que portaba una bandera constitucional y gritó “¡Viva España!” ante la sede socialista de Ferraz es un símbolo y por ende un síntoma de lo que está por venir. No era un peligroso yihadista portando un cuchillo de escalofriantes dimensiones, ni un terrorista esgrimiendo un arma con siniestras intenciones y desde luego tampoco un franquista deseoso de vengar la exhumación del dictador. Nada que ver con el exquisito trato que se dispensa a los terroristas callejeros catalanes que cortan carreteras, el AVE o el aeropuerto de El Prat. O con quienes queman fotos del Rey, banderas constitucionales y ensucian con lazos golpistas la vía pública en Cataluña.

Las primeras consecuencias de la mayor ignominia en 42 años de democracia. Un botón de muestra light de lo que veremos y padeceremos en versión heavy. Las consecuencias de un pecado original que no es otro que el pacto de gobernabilidad con los comunistas financiados por las narcodictaduras venezolana y boliviana (esta última, afortunadamente ya extinta), con los golpistas catalanes y con esa repugnante Bildu que representa a quienes asesinaron a 11 socialistas y a otros 845 españoles.

Decía el general Fulgencio Coll y decía bien que la entente con ERC es un delito de traición que, en una democracia normal, le supondría un impeachment al presidente del Gobierno con mayores posibilidades de triunfar que ése al que está sometido Donald Trump. Aunque cierto es que aún no ha perpetrado ningún delito, y por tanto sería dudosa la imputación en estos momentos, la aplicación del contenido del compromiso supondría un delito de traición y otro de prevaricación como mínimo.

¿Acaso es legal la celebración de un “plebiscito en Cataluña” en el que se someterá a refrendo lo decidido en una “mesa de negociación bilateral”? ¿No es flagrantemente inconstitucional cambiar la ley para que sólo los catalanes decidan sobre un asunto que, Carta Magna en mano, deberían votar todos los españoles? ¿O es que no vulnera el Código Penal ese epígrafe del acuerdo que afirma que “se superará la judicialización del conflicto” y, consecuentemente viene a subrayar que el Gobierno, es decir, la Fiscalía, no perseguirá los delitos perpetrados por los golpistas de 2017 a esta parte? ¿Puede irse de rositas alguien que pacta con los bilduetarras la salida de la Guardia Civil de mi tierra, Navarra?

No menos ilegal es a mi juicio el “sí” del felón de La Moncloa al PNV para que el País Vasco y Cataluña puedan competir internacionalmente en todo tipo de disciplinas deportivas. Algo que en términos prácticos acabará por cargarse la potencia de fuego de nuestras selecciones nacionales en fútbol, baloncesto, tenis, balomnano, hockey hierba y tantos otros deportes. Constituye otro delito de marca mayor “adecuar el Estado para que País Vasco y Cataluña sean naciones”. Una decisión en sintonía con las tesis del tan jeta como analfabeto funcional de Miquel Iceta, al que “le salen ocho o nueve naciones en España». Un imposible físico y metafísico en estos momentos dado que para reformar la Constitución son necesarios los votos de tres quintos de la Cámara y PP, Vox y Cs ya han dicho que nones.

Por no hablar de lo que se atisba en lontananza con esa “Ley contra la desinformación” que ha anunciado Sánchez en la tribuna de la Carrera de San Jerónimo. Norma que, obviamente, está diseñada para combatir a los disidentes en general y más concretamente a OKDIARIO. Para decidir qué es verdad y qué no, como en los mejores tiempos de la tenebrosa Unión Soviética. El orwelliano Ministerio de la Verdad que urde Pablo Iglesias arremeterá básica y obsesivamente contra este proyecto de libertad. Tiempo al tiempo. Las posibilidades de supervivencia del sistema democrático y de la libertad de expresión van a ser directamente proporcionales al valor de un Poder Judicial que en este envite será el único capaz de parar el amordazamiento que nos prepara esta gentuza.

Ya en el terreno puramente programático, tan legítimo como cualquier otro, las medidas económicas que le ha sacado Podemos al PSOE nos abocan a un zapaterazo de tomo y lomo. Pedro Sánchez, el presidente fake, el ladrón de doctorados en Economía, se va a superar a sí mismo, a esos 19 meses de Gobierno en los que el Reino de España ha perdido un punto y pico de PIB esfumándose 13.000 millones de riqueza. La brutal subida de impuestos, que casualmente se corta en el tramo en el que tributan Pablo Iglesias y su compañera de casoplón, volverá a surtir el mismo efecto bumerán que todas las anteriores. Todo mi apoyo a la prohibición de las amnistías fiscales anunciada por Sánchez. Eso sí, el embustero de él circunscribió esta vomitiva figura jurídica al Gobierno de Rajoy, olvidando que el PSOE ha llevado a cabo tres en democracia (dos con González y una encubierta con Zapatero). Es decir, más que nadie.

Otra tragedia es la derogación de la reforma laboral de esa gran ministra que fue Fátima Báñez. El milagro de Fátima, imitado por el Gobierno socialcomunista portugués y por el Ejecutivo liberal francés, provocó la creación de más de 2 millones de puestos de trabajo. Dios quiera que me equivoque pero su abolición provocará el efecto contrario en forma de desempleo masivo y desolación para cientos de miles de familias españolas. La limitación de los alquileres se cargará el mercado inmobiliario, uno de los sostenes de nuestra economía, en menos de lo que canta un gallo. Los grandes fondos mundiales están dejando España a la carrera al modo que lo hacen los vecinos cuando su inmueble estalla en llamas. La pobreza que tanto anhelan los Ceaucescu de Galapagar para recuperar el esplendor de los 72 diputados y las posibilidades de ejecutar el sorpasso al chulo de Pedro Sánchez está garantizada.

Peor aún que todo lo anterior, excepción hecha del referéndum a la carta de los golpistas, es la invasión definitiva del Poder Judicial. Por cierto, el mismito camino que emprendió Hugo Chávez en Venezuela cargándose sin miramientos, lenta pero decididamente, el Tribunal Supremo. La prostitución de la Abogacía del Estado, con la vicepresidenta del Gobierno supervisando el dictamen sobre Junqueras, es la prueba del algodón de la muerte de Montesquieu en este país que pronto dejará de llamarse España. La inminente amnistía de Junqueras y demás golpistas será el chuleo definitivo a un Alto Tribunal que perdió muchos puntos con una sentencia del 1-O que envalentonó a los independentistas y allanó el camino a Pedro Sánchez.

Que Pedro Sánchez es un mentiroso, un chulo, un jeta, un plagiario, un mediocre y un censor ya lo sabíamos. Aparentemente nada letal. Lo que nunca pensamos es que los que sostenían que tras ese rostro de galán de cine (“El guapo” le llaman sus adversarios orgánicos) y esas maneras falsamente amables se escondía un tríope tuvieran razón. En técnica psiquiátrica, se define de esta manera a las psiques tres en uno que contienen rasgos narcisistas, maquiavélicos y psicopáticos a nivel subclínico. Como quiera que yo no soy Freud ni Enrique Rojas, tampoco Luis Rojas-Marcos, María López-Ibor o Celso Arango, lo simplificaré: el presidente del Gobierno se ha vuelto loco con esta cesión que nos retrotrae al espíritu del 36, asesina el Pacto de la Transición y siembra de dinamita la unidad de España. Todo sea con tal de mantener el Falcon, el Súper Puma, el Airbus, el Palacio, los mayordomos y las infinitas prebendas que conlleva el cargo. Sus exitosos retoques médicos le permitirán esconder los agujeros estéticos pero no los socavones éticos. Acabará mal. Muy mal. La gran duda es si será antes o después de haberse llevado por delante a la segunda nación más antigua de Europa.