Controlando el presente, el pasado y el futuro

La memoria histórica, ahora reconvertida nada menos que en «democrática y obligatoria», se ha tornado en una aparente fijación para el PSOE, que tiene muy bien aprendida la lección que George Orwell sintetizó en la famosa frase de su novela 1984: «Quien controla el presente, controla el pasado; y quien controla el pasado, controlará el futuro».

Sánchez tiene acreditado su empeño por controlarlo todo sin ser él controlado. Basta ver sus descalificaciones a poderes, organismos e instituciones que la Constitución regula precisamente para que actúen como contrapesos del Gobierno, evitando toda tentación «cesarista» impropia de una democracia parlamentaria como la nuestra. Las recientes experiencias con el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, se unen al abuso durante el estado de alarma/excepción de la figura del Real Decreto Ley, con varios de ellos sancionados por el TC al no concurrir las razones «de urgencia y necesidad» exigidas por la Carta Magna para su promulgación. Si a ello le sumamos su deseo de controlar el CGPJ, del que tuvo que hacer marcha atrás por sacarle tarjeta roja la Comisión Europea, y su afición por las ruedas de prensa sin preguntas, tenemos un diagnóstico muy preocupante de la situación.

En este contexto, obliga a adoptar todas las cautelas y la adecuada oposición, el anunciado anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, que dota a Sánchez de un poder omnímodo y no sometido a ningún control, con la mera declaración por el presidente del Gobierno de una situación o acontecimiento como de «interés para la seguridad nacional». La distopía orwelliana está también demasiado presente en el proyecto de ley de la democrática Memoria con que debuta el sucesor de Carmen Calvo, que pretende que los españoles nos ciñamos a un relato de la Historia del agrado de los sucesores actuales de aquel infausto Frente Popular que nos llevó directamente a la Guerra Civil. Quieren controlar el pasado estableciendo el dogma de la corrección política histórica, con sanciones de todo tipo a quien ose discrepar del relato oficial y obligado sobre la Guerra Civil y el franquismo. Así, con esta nueva ley, deberíamos pensarlo mucho antes de escribir sobre la persecución religiosa durante la II República, por ejemplo, o alabar las conquistas del sistema de la Seguridad Social, o la política de embalses durante el franquismo. Esto supone una auténtica enmienda a la totalidad del espíritu de concordia y reconciliación que guió la Transición y que se plasmó en la vigente Constitución. Si no fuera una amenaza real, sería descalificada como descabellada y propia de otras latitudes políticas.

Parecería que en la España actual la oposición quisiera repetir un Alzamiento Nacional para derrocar a Sánchez, lo que justificaría una suerte de «Ley de Defensa del Régimen», como en su momento hicieron sus predecesores para defender «su» República, con un virtual estado de alarma/excepción vigente durante la práctica totalidad de su etapa de Gobierno.

Es tan grosera y evidente la intención de fijar como únicos valores constitucionales aquellos morales, éticos y —sobre todo— suyos, que toda prevención es poca ante sus anunciados proyectos legislativos, y tras el varapalo constitucional a la suspensión de derechos que ilegalmente se nos impuso.

Por todo esto, no es una exageración plantear en estos términos la cuestión de la calidad de nuestra democracia; baste recordar la reacción gubernamental ante el fallo sobre la inconstitucionalidad de las medidas de confinamiento establecidas bajo el paraguas del estado de alarma: ni una disculpa, ni un mínimo examen de conciencia tras la muy grave infracción cometida. Todo lo contrario, su respuesta han sido amenazas, insultos y descalificaciones al Tribunal. Si el causante de ese desaguisado hubiese sido el PP, imagínense la situación que se habría provocado por parte de quien llegó al Gobierno por una moción de censura basada en el comentario de un magistrado de filias políticas conocidas —luego descalificado por la propia Audiencia Nacional— en su fallo sobre un proceso inveterado contra el PP que motivaba la censura para un cambio de Gobierno a fin de «mejorar la calidad de nuestra democracia».

Se va a hacer muy larga la espera hasta la próxima cita con las urnas. Sobre todo para nuestro Estado de derecho y democrático.