Opinión

Chaves, Griñán y dinero para asar una vaca

Tanto Chaves como Griñán son hijos de franquistas. Manuel Chaves es hijo de un coronel del ejército de Franco y de una dirigente de la Sección Femenina de Falange Española, estudió en colegios católicos privados hasta licenciarse en derecho. Se afilió al PSOE en 1968 y fue diputado en el Congreso desde 1977 hasta 1990, ministro con Felipe González de 1986 a 1990, presidente de la Junta de Andalucía desde 1990 hasta 2009, vicepresidente del Gobierno y ministro con Zapatero de 2009 a 2011, presidente del PSOE de 2000 hasta 2012 y diputado en el Congreso hasta 2015, cuando dimitió tras ser imputado por prevaricación en el caso de los EREs fraudulentos de la administración andaluza, por lo que podría ser condenado a 10 años de inhabilitación.

José Antonio Griñán es hijo de un conocido comandante de la Guardia de Franco destinado en El Pardo, y de una sobrina de un falangista presidente de la Diputación de Madrid. También estudió en colegios privados católicos hasta que se licenció en derecho. Se afilió al PSOE en los primeros años 80 y fue viceconsejero de la Junta de Andalucía de 1982 a 1986, consejero andaluz de 1990 a 1992, ministro con Felipe González de 1992 a 1996, diputado del Congreso de 1993 a 2004, de nuevo consejero de Economía andaluz de 2004 a 2009, presidente de la Junta de Andalucía desde 2009 hasta 2013, presidente del PSOE de 2012 a 2014 y senador de 2013 hasta 2015, cuando también dimitió tras ser imputado por prevaricación y malversación en el caso de los EREs. Podría ser condenado a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

Aunque los grandes medios de comunicación pasan de puntillas sobre este caso que ensucia al actual PSOE, el juicio de los EREs llega a uno de sus momentos cumbre con las declaraciones ante la Audiencia de Sevilla de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Están acusados —junto a otros 20 ex altos cargos, entre los que destacan la exministra Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías— de diseñar un «procedimiento específico» con el que repartieron de forma arbitraria y opaca más de 741 millones de euros en ayudas sociolaborales entre 2001 y 2010, dejando por medio comisiones, desvíos y hasta juergas con cocaína más que suficientes para “asar una vaca”, como presumía la madre de uno de los mediadores entre la Junta, las empresas beneficiarias de las ayudas y la aseguradora. Y de todas estas irregularidades la Intervención General de la Junta avisó hasta en tres ocasiones a unos imputados que ahora quieren hacer creer que ellos no sabían nada.

Chaves y Griñán no están acusados de haberse lucrado personalmente ni se les han descubierto patrimonios ocultos. Tampoco de haber financiado ilegalmente al PSOE. Están acusados por haber manejado los fondos de la Junta de Andalucía como si de su cortijo se tratase, como aquellos señoritos amigos de sus padres que a principios del siglo pasado compraban el voto de los jornaleros a cambio de una golosina. Quizá ninguno de estos dos hijos del franquismo más rancio tenga una cuenta oculta en Suiza, pero el daño que habrían hecho a los andaluces es mucho mayor que si sólo hubieran hecho eso. Porque el dinero “para asar una vaca” que presuntamente malversaron tenía que haberse usado para generar empleo y riqueza en Andalucía, y no para dotar un “fondo de reptiles” con el que comprar votos, agradecer favores, silenciar a los críticos y asegurar lealtades a un régimen clientelar del que los andaluces no son capaces de deshacerse aunque los excrementos les lleguen hasta las cejas.