Carta abierta a Félix Bolaños

Me dirijo a usted en relación con las declaraciones que, en su condición de ministro de la Presidencia del Gobierno de España, ha realizado a propósito de las enmiendas pactadas entre su partido, el PSOE, y Podemos, y que pretenden modificar la Ley de Amnistía a través de la Ley llamada de “Memoria democrática”. En comparecencia en el Senado usted ha defendido la necesidad de investigar “inercias” de la dictadura franquista hasta 1982. Posteriormente ha propuesto crear «un comité de expertos que estudie la vulneraciones de derechos fundamentales de personas que intentaron consolidar la democracia y que llega hasta el 82″, ya que según usted “tras la entrada de la Constitución todavía hubo un tiempo en el que hubo alguna inercia de la dictadura y alguna vulneración de valores democráticos y derechos fundamentales a personas que intentaban consolidar la democracia». La fecha de 1982 viene marcada  por un “consenso historiográfico” y nada tiene que ver con la circunstancia de que fue el año en el que, por primera vez después de aprobarse la Constitución, ganó las elecciones el Partido Socialista Obrero Español.

Ignoro quienes forman el grupo de “historiadores” que han establecido tal consenso sobre la fecha en la que cesó en España la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos que defendían la Constitución y arriesgaban su seguridad, su comodidad e incluso su vida para lograr que se consolidara la democracia.

También desconozco cuál ha sido hasta el presente su relación con la defensa de los Derechos Humanos de los españoles que se involucraban en la lucha para que triunfara la democracia que alumbró la Transición y se plasmó en la Constitución de 1978. Pero comparto con varias generaciones de españoles una experiencia vital que puede ayudarle a tomar perspectiva y a identificar a los verdaderos héroes de la democracia, a los miles de ciudadanos españoles que han sido y son víctimas de la barbarie de quienes intentaron a sangre y fuego que en España no fuera posible construir la democracia, ciudadanos a los que aún nadie ha reconocido su sacrificio, ni siquiera esa “reparación moral” de la que usted habla.

Verá, ministro, después de que se aprobara la Constitución y comenzaran a constituirse las instituciones que elaboraron e implementaron las leyes democráticas que de ella se derivan, siguió habiendo una parte de España -el País Vasco y también Navarra- en la que esa norma que reconocía derechos a todos los españoles no estaba en vigor, pues para impedir que triunfara la democracia que nos habíamos dado los españoles votando en referéndum, ETA, la organización terrorista del nacionalismo vasco, se encargaba de asesinar, amedrentar o expulsar de su tierra a los ciudadanos que trabajaban para que la democracia se consolidara. Le diré más: en aquellos tiempos y en aquella parte de España, los derechos que la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos sólo los disfrutaban quienes querían impedir que la Constitución tuviera una oportunidad.

Verá, ministro, a pesar de lo que le digan sus amigos “los historiadores”,  ese período de persecución y eliminación de ejemplares ciudadanos  -uniformados, profesores, ciudadanos anónimos, políticos, jueces, funcionarios…- se mantuvo en plena actividad hasta que ETA dejó de asesinar hace diez años, aunque la violencia residual de esa organización terrorista permanece hasta el presente.

Verá ministro, la democracia tiene una asignatura pendiente con los familiares de las más de 370 víctimas de la organización terrorista ETA cuyos crímenes aún no han sido juzgados. Las víctimas de ETA de esos crímenes (un cuarenta por ciento de los que ETA asesinó) tienen derecho a que los asesinos sean juzgados; y las familias de las víctimas tienen derecho a que se haga justicia, a que se preserve su memoria, a que haya reparación y puedan hacer el duelo.

Verá ministro, no hace falta que reúna ningún grupo de historiadores para que usted se entere de que desde 1982 hasta el año 2010 en el que ETA cometió su último atentado, la banda terrorista asesinó a 505 ciudadanos. Es suficiente que recurra a la hemeroteca y descubrirá que los derechos fundamentales de los españoles que trabajaban para que se consolidara la democracia siguieron vulnerándose de forma directa y cruel hasta que ETA asesinó a su última víctima. Y si tiene interés en conocer detalles de las víctimas y sus circunstancias, permítame que le recomiende que lea Vidas Rotas, un magnífico libro firmado por Rogelio Alonso, Florencio Domínguez y Marcos García Rey que recoge la historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA.

Verá, ministro, la democracia también tiene una asignatura pendiente y una reparación moral que ofrecer a los más de ciento cincuenta mil vascos que tuvieron que huir de su tierra amenazados por el terrorismo nacionalista de ETA. Son vascos expulsados por el fanatismo asesino de ETA porque, como todos los ciudadanos a los que asesinaron y todos a los que persiguieron y amenazaron, suponían un estorbo para que triunfara su proyecto totalitario de país.

Ministro, no quiero pensar que usted considere que todas las personas que fueron asesinadas y perseguidas por ETA después de 1982 no fueron víctimas de una constante vulneración de sus derechos fundamentales más esenciales, empezando por el derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad.

Ministro, no quiero creer que usted considere que los derechos fundamentales de los uniformados que fueron asesinados después de 1982, -muchos de cuyos crímenes aún no han sido juzgados y que su Gobierno se niega a investigar- no fueron vulnerados y no merecen, por tanto, una reparación que va más allá de la moral.

Verá, ministro, no hacen falta historiadores para descubrir lo que fue, en su espíritu y en su letra, la Ley de Amnistía, quién la propuso, quién la defendió, quién salió a la calle para reivindicarla. Léase los periódicos de la época, las actas del Congreso de los Diputados durante su tramitación, los discursos de los dirigentes políticos que la defendieron.

Ministro, no busque “historiadores” que le den “argumentos” para reabrir heridas entre hermanos, para romper el pacto constitucional, para resucitar las dos Españas. Cumpla con su obligación de defender el orden constitucional y tome las decisiones necesarias para que los derechos que en ella se proclaman sean efectivos para todos los españoles. Y empiece por hacer justicia a las más de 370 víctimas de ETA cuyos crímenes aun no han sido juzgados.