Apología del guerracivilismo

El Gobierno nauseabundo de Sánchez ha aprobado un anteproyecto de ley de Memoria Democrática que pretende insistir en la idea de que la Segunda República española fue un régimen benéfico al que puso fin abruptamente el Alzamiento Nacional. Pero, claro, no se ha escrito más de episodio histórico alguno en el mundo, ni se han hecho más filmes, que sobre lo sucedido en España entre 1936 y 1939, e incluso hasta 1975. Y por eso la gente ilustrada y con sentido común está ya muy persuadida de que la República fue poco a poco convirtiéndose en un régimen sanguinario y criminal, incapaz de mantener el orden público, violento con la oposición y determinado a implantar en el país el modelo soviético. Fue cualquier cosa menos democrática. No reparó ni en haciendas ni en vidas hasta expulsar por completo de su defensa a todos los intelectuales que la habían apoyado en un principio, que pasaron del desencanto a la hostilidad manifiesta y a temer por su vida.

Quien mejor y con más esmero ha analizado esta ley ha sido la Fundación Disenso, que pertenece a Vox, y que la ha catalogado con buen tino como el mayor ataque contra la libertad jamás perpetrado por un Gobierno desde la transición democrática. En su estudio se detallan todos los pormenores de una norma que sólo persigue la discordia civil, que aspira a conservar el estado de ‘guerracivilismo’ presente entre los mayores todavía resentidos y a impulsarlo entre los jóvenes a través del adoctrinamiento en las aulas y de la malversación de la historia, que igual que en los regímenes totalitarios de América será decretada por una suerte de Consejo de la Verdad con capacidad para modificar los libros de texto y naturalmente omitir todos los desmanes y latrocinios cometidos por el bando republicano. Será quien mal gobierna ahora el Estado y sus socios infames los que determinarán los hechos representativos del pasado y designar quiénes lucharon en verdad por la libertad y la democracia, a pesar de que todos los que van a elegir fueran antidemócratas genuinos y comunistas de ley.

La prensa progresista adicta al sanchismo asegura que esta futura norma es un signo de madurez democrática, cuando en realidad es el segundo intento, después del de Zapatero, por ganar la Guerra Civil que la izquierda perdió por fortuna, y que fue evidentemente provocada por el radicalismo frenético, salvaje y finalmente ilegítimo de la República. Y sentencia que todo esto que yo estoy escribiendo aquí forma parte del revisionismo de la derecha, y que naturalmente podrá ser sancionado en cuanto entre en vigor el proyecto, que establece una serie de multas extraordinarias para aquellos que, de acuerdo con lo establecido, incurran en un presunto ensalzamiento del franquismo. Yo me voy a prestar, pese a los riesgos, a detallar algunos hechos notables que sucedieron en la segunda mitad de la dictadura y que permitieron mejorar la vida maltrecha de los españoles afectados cruelmente por la Guerra Civil hasta hacerlos felices, aunque no tuvieran libertad, que es el principal tesoro de los hombres.

Y estos son algunos de estos hechos. En 1958 la autarquía franquista agonizaba: la caja fuerte de las reservas estaba vacía y peligraba hasta el suministro de gasolina. Entonces Franco decidió guardar sus viejos prejuicios en el armario y llamó a las puertas del Fondo Monetario Internacional. Necesitábamos con urgencia liquidez y asesoramiento para poner en marcha un ajuste de caballo. El 15 de septiembre de 1958 España ingresó en el FMI.

Suave pero firmemente los técnicos del Fondo fueron empujando a las autoridades españolas hacia la convicción de que era necesario aplicar un Plan de Estabilización, que cobró vida en 1959. El ingreso en el Fondo supuso la puntilla de la autarquía. Acabamos con lo que hasta entonces habían sido las tres líneas maestras no solo de la política económica del franquismo sino de mucho antes, ya del convulso siglo XIX: renunciamos a la inflación como modo de financiación del gasto público, renunciamos a la protección comercial frente al exterior y renunciamos a la intervención del Estado en la economía como columna maestra que sostenía el sistema.

El caso es que, gracias al buen funcionamiento del experimento del Plan de Estabilización, que marcó los años siguientes de progreso general, con sus luces y sus sombras, el Gobierno de Franco encargó al Banco Mundial la elaboración de un Plan de Desarrollo, con el aval del éxito de las reformas anteriores, y que en 1963, el año en que yo nací, España recibió el primer préstamo del organismo por valor de 33 millones de dólares, entonces destinado a la mejora de las carreteras. Así es como España entró, casi de golpe, en el club de las economías de mercado.

La operación de entrada de España en el Fondo fue impulsada por pocas personas, porque casi nadie del Gabinete de la época creía en ella, pero sobre todo porque durante el franquismo había personas sabias y competentes, que la ley de Memoria Democrática omitirá en la enseñanza a partir de ahora, si es que alguna vez las consideró. Fue pieza clave Alberto Ullastres, ministro de Comercio, que era economista en un Consejo dominado por los juristas y los militares, y que también era políglota, algo indispensable para pasearse por el mundo. El apoyo que dio a la reforma Mariano Navarro Rubio, entonces ministro de Hacienda, este sí jurista militar y también miembro del Opus Dei, fue absolutamente crucial, y también el de Juan Sardá, el director del Servicio de Estudios del Banco de España, nunca ponderado como se merece. El caso es que el ingreso de España en el FMI supuso un respaldo decisivo para nuestro país, sometido desde entonces al examen de credibilidad que ejecutan cada día los mercados sobre las políticas económicas de los gobiernos de turno.

Tras una Guerra Civil cruenta, la larga dictadura fue evolucionando desde la dureza extrema a una progresiva acomodación a los nuevos tiempos que devino en un régimen bastante dúctil, habitable e incluso desagradablemente paternalista, con las evidentes contraindicaciones que este suele acarrear. La Transición fue una verdadera filigrana histórica rematada con atino y grandeza de miras por Felipe González. Aznar representó la alternativa que necesitaba la nación en busca de la esperanza económica, y luego… Luego vino lo peor. El socialismo guerra civilista, divisor e incompetente económicamente de Zapatero.

Con lo que nos encontramos ahora no tiene nombre. Es el revanchismo puro y duro impulsado por un presidente que dice buscar la concordia y el progreso y que en cambio sólo promueve el cisma social y la división. Que trata de destruir la Constitución de 1978, de demonizar a la oposición, y de perseguir a todas las personas, los historiadores, los periodistas, los maestros… a cualquiera que se cruce por el camino si sus criterios no se atienen a la verdad oficial según la cual, por poner un ejemplo brutal, Largo Caballero, cuya estatua todavía sigue en Madrid, en pleno Paseo de la Castellana, promovió las leyes laborales más avanzadas de la época cuando en realidad lo llamaban con acierto el Lenin español, el asesino de masas y el conculcador de propiedades que aspiraba a ser y cuyas políticas deseaba implantar en nuestro país.

A fin de dotar al poder público de los instrumentos coercitivos precisos se creará una Fiscalía especial de Memoria Democrática que perseguirá de oficio las presuntas violaciones de la norma, limitando la libertad de investigación, de cátedra y de expresión como la que yo ejerzo en este momento aquí al decir que la Guerra Civil no fue una lucha entre la democracia y el fascismo: fue el ominoso desenlace de un régimen antidemocrático sin ningún aprecio por la ley, el orden ni respeto alguno por al adversario político. En adelante, y dudo que ahora ya se haga, esto ya no se enseñará en las escuelas y centros docentes españoles. A cambio, se inoculará veneno sobre una historia de la que no nos podemos enorgullecer pero que deberíamos estar obligados a asumir como propició la Transición.