El Gobierno inicia la expropiación de El Algarrobico mientras la Junta insta a su demolición inmediata
Se prevé que el Consejo de Ministros inicie este martes el proceso para la declaración de interés público de parte de los terrenos
La Junta de Andalucía afirma estar preparada "para cumplir con nuestra parte del acuerdo y a colaborar con el Gobierno de España para devolver a este paraje a su estado natural"
El Gobierno andaluz considera como "inaceptable" que "el Gobierno de España no haya tomado las medidas necesarias para derribar esta construcción ilegal"
El pasado mes de octubre de 2024, la Junta de Andalucía anunció que la demolición del hotel El Algarrobico, situado en el término de Carboneras (Almería) podría empezar en un plazo de «seis meses».
Sin embargo, hoy, cuatro meses después, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha instado al Gobierno de España a que actúe «de manera inmediata y definitiva» en la demolición de un complejo hotelero que empezó a levantarse hace más de 21 años.
La consejera ha precisado que «es inaceptable que, tras más de dos décadas de litigios y promesas incumplidas, el Gobierno de España no haya tomado las medidas necesarias para derribar esta construcción ilegal». Por ello, ha exigido al Gobierno que «venga al Algarrobico con la verdadera intención de demolerlo».
En este sentido, el Gobierno de España aprobará en el Consejo de Ministros de mañana martes un acuerdo para declarar la utilidad pública de las parcelas en las que se ubica el hotel ilegal como paso previo a su expropiación y posterior demolición.
Demolición y restauración
En noviembre de 2011, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España firmaron un protocolo en el que el Ejecutivo central «se comprometía a asumir la demolición del inmueble, mientras que la Junta se encargaría del descombro y la gestión de los residuos que la demolición genere».
Asimismo, ambas partes «se comprometían a la restauración del espacio litoral sobre el que en la actualidad se sitúa el edificio, devolviéndole las características naturales originarias».
«El Gobierno de España tiene que venir con el presupuesto debajo del brazo para la demolición del Algarrobico, como se comprometió en el protocolo firmado para la demolición en 2011», ha señalado García.
Presupuesto andaluz
En este sentido, la consejera ha trasladado que «estamos preparados para cumplir con nuestra parte del acuerdo y a colaborar con el Gobierno de España para devolver a este paraje a su estado natural, pero necesitamos que el Gobierno central cumpla con su responsabilidad».
En esta línea, ha destacado que los Presupuestos de 2025 de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente contempla una partida de un millón de euros para los trabajos que deban realizarse en torno a la demolición del Algarrobico.
Indignación de la Junta
García ha expresado la «profunda indignación de la Junta y de la sociedad andaluza ante la prolongada inacción del Gobierno de España en este asunto». «No podemos permitir que una construcción ilegal siga mancillando uno de nuestros parajes más emblemáticos. Es hora de que el Gobierno actúe con determinación y ponga fin a este despropósito», ha sostenido.
Estas declaraciones realizadas a Europa Press se producen en el mismo día en el que se conoce que el Consejo de Ministros iniciará este martes el proceso para la declaración de interés público de parte de los terrenos en los que se levantó la construcción.
Sólo en los primeros 100 metros
En este ir y venir de anuncios, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, ha explicado que el Estado sólo puede actuar sobre los terrenos que se ubiquen en los 100 primeros metros de la línea de costa.
Para poder cumplir el objetivo de la demolición del edificio se requeriría en principio que la Junta expropie los terrenos que se adentran más allá de la zona de dominio público marítimo-terrestre.
Montero ha señalado que «sólo una parte de la finca propiedad de la empresa Azata, donde se ubica el hotel, se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre, que se extiende 100 metros desde el mar, y es sobre esa parte donde el Gobierno puede actuar».
60% de la Junta
El resto del terreno, defiende la ministra de Hacienda, «queda fuera de este límite y la competencia sobre él corresponde a la comunidad autónoma».
Por su parte, Greenpeace, una de las organizaciones ecologistas más activas en contra de esta construcción ha celebrado el Gobierno haya decidido expropiar el 40% del hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) y ha animado a la Junta de Andalucía a hacer lo propio con el 60% restante y finalizar el derribo de este «símbolo» de un «modelo caduco de turismo depredador» y de destrucción del litoral.
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