El PSOE de El Boalo repartió 206.000 € públicos en contratos con familiares y empresas afines

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 17/04/2025 06:51
  • Actualizado: 17/04/2025 06:51

El Ayuntamiento de El Boalo, de apenas 8.500 habitantes, repartió 206.000 euros públicos a familiares y empresas afines entre 2015 y 2023, años en los que estuvo gobernado por el PSOE. Así se desprende del informe del interventor que encargó el PP nada más hacerse con la Alcaldía del municipio madrileño. Este lunes el Consistorio denunciará los hechos ante la Fiscalía.

Soledad Ávila Ribada, actual portavoz del PSOE en El Boalo, adjudicó «a dedo» contrataciones a varios familiares desde su condición de cargo electo de la corporación municipal, primero como concejal de Educación, Juventud y Familia y, desde 2015, como tercer teniente de alcalde.

Concretamente, durante el período 2015-2023, la edil socialista contrató de manera recurrente a cinco familiares directos (tres hermanos, la pareja de uno de ellos y dos sobrinos), para la realización de prestaciones de servicios de diversa índole, por un importe de más de 100.000 euros. Sin embargo, del informe se desprende que venía realizando esta práctica con anterioridad, concretamente desde 2011, alcanzando un total de 135.000 euros en facturas a familiares y amigos.

El actual equipo de gobierno de El Boalo (PP) decidió iniciar hace unos meses un análisis forense de los proveedores del consistorio entre 2015 y 2023, tras haber encontrado indicios sobre la existencia de vinculaciones familiares y posibles conflictos de intereses.

«Flagrantes irregularidades»

Tanto el informe pericial resultante como los subsiguientes informes de la secretaría e intervención municipal han confirmado las flagrantes irregularidades que, durante años, la concejal del PSOE ha venido cometiendo al favorecer a sus familiares en claro detrimento de los principios de imparcialidad, objetividad e independencia que deben guiar la actuación de los cargos públicos.

En este caso, la relación familiar directa, combinada con el conflicto de intereses, por la capacidad de influencia en el órgano de contratación (Junta de Gobierno) del que la propia concejal era miembro desde 2015, y su interés directo en el resultado de los procedimientos, activaba en todos los supuestos analizados la prohibición de contratar y el deber de abstenerse en los mismos por parte de la concejal.

Los informes citados vienen a constatar que las adjudicaciones se hicieron en clara vulneración de los procedimientos que rigen la contratación administrativa. En la mayoría de los casos se llevaron a cabo a pesar de las advertencias e incluso informes desfavorables de la intervención municipal, que reiteradamente observaba múltiples irregularidades, entre ellas, la recurrencia en la contratación.

Facturas a familiares

El informe pericial indica que la portavoz del PSOE, Soledad Ávila Ribada, hizo una factura a un hermano suyo por valor de 9.431 euros en concepto de «Mantenimiento realizado en los aseos de alumnos y alumnas de la planta baja y en el despacho de Dirección del Ceipso».

No consta que exista expediente de contratación al respecto, pues únicamente figura la factura de la obra realizada. Por ende, no existen presupuestos para comprobar si el precio facturado se ajustó a precios de mercado ni existe ningún informe de los servicios técnicos. La factura se aprobó por la Junta de Gobierno Local y no existe informe de fiscalización al respecto.

A otro hermano, la edil del PSOE emitió 46 facturas por valor de 47.257,96 euros entre 2015 a 2023. La gran mayoría no tienen informe de fiscalización. Otras contaban con informes de Intervención de reparo, por haberse omitido requisitos o trámites esenciales en la tramitación de todas ellas.

A una empresa de uno de sus hermanos también se le otorgó 16 facturas por valor de 2.551,60 euros.

A dos sobrinos suyos, Soledad les hizo 6 y 5 facturas respectivamente. En el caso del primero, por valor de 3.050 euros y en el segundo 930,00 euros. Todas ellas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de la que Soledad Ávila Ribada era miembro. En la mayor parte de las facturas no consta en los expedientes ningún informe de fiscalización al respecto.

La cuñada de Soledad también fue una de las beneficiarias del poder de la socialista. La mujer de uno de sus hermanos recibió la cuantía de 41.741,11 euros por 120 facturas. Al igual que en los casos anteriores, la mayoría de ellas no constan de informes de fiscalización. Tampoco se adjuntan presupuestos.

Ex alcalde Javier de los Nietos

Sangrante es también el caso del ex alcalde socialista de El Boalo, Javier de los Nietos, que estuvo gobernando el municipio entre 2011-2023. El ex edil dio a la empresa de un primo hermano suyo 62 facturas por valor de 74.888,86 euros. Prácticamente todas en situación irregular.

Por otra parte, Jesús Redondo Ginés fue concejal de desarrollo local y turismo de El Boalo, y aunque ahora está fuera de la política, en su momento dio a su hija Raquel Redondo de la Paz 5 facturas que sumaban un total de 1.320 euros. Todas ellas con informes de Intervención de reparo, por haberse omitido requisitos o trámites esenciales en la tramitación de las mismas.

En total, por parte de Intervención se han analizado 290 facturas por importe total de unos 206.000 euros. Sólo cuatro cumplían con la ley de contratos. En el resto se apreciaba reparos suspensivos de la intervención municipal, sin fiscalizar, o con informe de disconformidad.

Conclusiones

Las conclusiones elaboradas en el informe de intervención dictaminan que no se han seguido los trámites establecidos para los contratos menores, donde las actuaciones deben ajustarse al artículo 118 de la LCSP e Instrucción 1/2019 dictada al efecto.

Además, se aprecia haber vulnerado la prohibición para contratar de la Sra. Soledad Ávila Ribada, con sus familiar/es a la vista del reiterado artículo 71 de la LCSP, con evidente reincidencia, y en este caso la Sra. Ávila es quien debería haberse abstenido de intervenir.

Se ha expuesto una amplia exposición del «conflicto de intereses», pues en el presente caso se aprecia un patente conflicto de intereses, al ser la Sra. Ávila miembro de la Junta de Gobierno, órgano de contratación a nivel municipal; y evidenciar un interés personal directo con proveedores y/o prestadores de servicios, y a su vez familiares; incumpliendo los principios de imparcialidad, independencia, competencia, etc.

También a la vista de las circunstancias y pruebas, podrían inferirse delitos contemplados en el art. 404 y por su relación con la contratación en los art. 424 y 436 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.