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El nº 2 de Reyes Maroto en el ministerio, procesado por malversación en los fondos de cooperación

Reyes Maroto y Fernando Valdés.
Reyes Maroto y Fernando Valdés.

El Juzgado de Instrucción 39 de Madrid ha procesado a Fernando Valdés, el que fuera secretario de Estado de Turismo durante la mayor parte del mandato de Reyes Maroto, hoy candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, al frente del Ministerio. Es una investigación iniciada a instancias de la Fiscalía por presunta prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude en contrataciones en la Agencia Española de Cooperación Internacional en 2011, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de que el PSOE pide tolerancia cero al PP con casos de corrupción, en este caso un alto cargo del equipo de Maroto pasó de 2020 a 2022, ostentando importantes responsabilidades a pesar de estar imputado. Finalmente, Valdés dimitió el pasado 5 de diciembre «por motivos personales».

El caso nace, precisamente, en 2020 tras una denuncia de la propia Intervención General del Estado (IGAE) y una querella presentada por la Fiscalía. Según la jueza, existen indicios de que no se siguieron los procedimientos legales en los procesos de contratación. Se sospecha que se fraccionó el gasto con el objetivo de favorecer la contratación de ciertas empresas. También está imputada Begoña Cristeto, alto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy, que supuestamente actuó como impulsora del plan de modernización de los sistemas informáticos de Cooperación Internacional en concierto con el personal del ICEX España Exportación e Inversiones. La decisión de la jueza Belén Sánchez de cerrar las diligencias previas consta en un auto fechado el 21 de abril.

Bajo la lupa está la tramitación de varios expedientes. Se estudia si se dio apariencia de legalidad a los mismos para esconder una adjudicación del servicio citado de forma discrecional. Ya la Intervención General denunció que varios contratos informáticos acabaron adjudicados a dos empresas sin cumplir las reglas en vigor. En 2010, estos altos cargos aprobaron un «plan de sistemas de información para la gestión unificada y estratégica, llamado Plan Sigue, cuyo objetivo era dotar a la institución de un sistema informático que integrase todos los flujos de información y procedimientos de trabajo». En ese contexto, se analiza que todo estaba apalabrado para que los contratos se los llevaran las empresas Roadmap Consulting y Fiables IT Outsourcing.

Valdés, que ha tenido que declarar en los juzgados por este caso, era subdirector general de Cooperación Internacional y actuaba como jefe de contratación. Por tanto, aunque el Ministerio lo niega, él tendría responsabilidad directa en estos movimientos contractuales. El Ministerio Público, en su querella de 56 páginas, sostiene que él y otras personas «indiciariamente conocían y ampararon la maniobra arbitraria tendente a eliminar competidores», las grandes compañías de consultoría tecnológica que se quedaron fuera.

El Ministerio Público agrega que «para actuar al margen y sortear los procedimientos legalmente establecidos justificando los expedientes, se fraccionó el gasto en unas ocasiones, en otras se adjudicaron prestaciones a empresas vinculadas con el proyecto por haber realizado trabajos preparatorios adjudicados sin licitación o se acudió a procedimientos que no correspondían».

En su auto, la magistrada decide archivar la investigación contra otros nueve investigados. Dirigentes de una empresa semipública, un diplomático, un embajador, entre otros. Sin embargo, Valdés está a un paso de ir a juicio. 

Cataluña

Se trata de uno de los dos casos que salpica a Reyes Maroto. Como publicó OKDIARIO, por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona señala a la propia ministra y en especial a su jefe de gabinete, Juan Ignacio Díaz Bidart –nuevo director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI)–, en la Operación Voloh, que investiga los tejemanejes económicos en Cataluña al calor del procés. Dos empresarios aparecen en una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil que apunta a un posible trato de favor a una compañía automovilística.

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