La líder del PSOE de El Boalo se ahorró el 50% del IBI al cambiar la ordenanza tras poner placas solares
Soledad Ávila ya estuvo en el punto de mira por la presunta adjudicación "a dedo" de contratos a varios familiares
Soledad Ávila Ribada, siendo tercer teniente de alcalde y concejal de Educación y Residuos del PSOE en El Boalo (Madrid), promovió la modificación del IBI municipal para beneficiarse de una bonificación por la instalación de placas fotovoltaicas en su propia vivienda.
En octubre de 2019, Ávila Ribada solicitó licencia municipal para la instalación de paneles fotovoltaicos en su domicilio familiar, instalación que se llevó a cabo en ese mismo mes.
Casi dos años más tarde, en septiembre de 2021, la concejal firmó un informe por el que promovía, entre otras cosas, una modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para aumentar el porcentaje de bonificación hasta entonces existente, del 30% al 50%.
Esta modificación fue finalmente aprobada por el gobierno socialista, siguiendo al pie de la letra lo marcado por la concejal, y entró en vigor en diciembre de 2021. En febrero de 2022, el cónyuge de la concejal socialista presentó solicitud de bonificación en el IBI por instalación de sistema fotovoltaico.
«Resulta llamativo que desde que se ejecutó la instalación en su vivienda, en octubre de 2019, la Sra. Ávila no solicitara la bonificación entonces en vigor, del 30%, y sí lo hiciera casi tres años más tarde, en febrero de 2022, ya aprobado el incremento del 50%», aseguran desde el Partido Popular de El Boalo.
«Es evidente que la Sra. Ávila propició una modificación en los impuestos municipales para su aprovechamiento, manejando los tiempos en beneficio propio y contando con información privilegiada, lo que le llevó a retrasar la solicitud de la bonificación en el IBI, a sabiendas de que esta sería más beneficiosa en un momento posterior», añaden fuentes del PP consultadas por OKDIARIO.
Contratos a familiares
Tal y como desveló en el mes de abril OKDIARIO, Soledad Ávila ya estuvo en el punto de mira por la presunta adjudicación «a dedo» de contratos a varios familiares desde su condición de cargo electo de la corporación municipal, primero como concejal de Educación, Juventud y Familia y, desde 2015, como tercer teniente de alcalde.
Concretamente, durante el período 2015-2023, la edil socialista contrató de manera recurrente a cinco familiares directos (tres hermanos, la pareja de uno de ellos y dos sobrinos), para la realización de prestaciones de servicios de diversa índole, por un importe de más de 100.000 euros. Sin embargo, del informe se desprende que venía realizando esta práctica con anterioridad, concretamente desde 2011, alcanzando un total de 135.000 euros en facturas a familiares y amigos.
El actual equipo de Gobierno de El Boalo (PP) decidió iniciar hace unos meses un análisis forense de los proveedores del consistorio entre 2015 y 2023, tras haber encontrado indicios sobre la existencia de vinculaciones familiares y posibles conflictos de intereses. Actualmente, el caso está judicializado.
«Flagrantes irregularidades»
Tanto el informe pericial resultante, como los informes de la secretaría e intervención municipal han confirmado las «flagrantes irregularidades» que, durante años, la concejal del PSOE ha venido cometiendo al favorecer a sus familiares en claro detrimento de los principios de imparcialidad, objetividad e independencia que deben guiar la actuación de los cargos públicos.
El informe pericial indica que la portavoz del PSOE, Soledad Ávila Ribada, hizo una factura a un hermano suyo por valor de 9.431 euros en concepto de «mantenimiento realizado en los aseos de alumnos y alumnas de la planta baja y en el despacho de Dirección del Ceipso».
A otro hermano, la edil del PSOE emitió 46 facturas por valor de 47.257,96 euros entre 2015 y 2023. La gran mayoría no tienen informe de fiscalización. A una empresa de uno de sus hermanos también se le otorgó 16 facturas por valor de 2.551,60 euros.
A dos sobrinos suyos, Soledad les hizo seis y cinco facturas respectivamente. En el caso del primero, por valor de 3.050 euros y en el segundo 930 euros. Todas ellas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno local, de la que Soledad Ávila Ribada era miembro. En la mayor parte de las facturas no consta en los expedientes ningún informe de fiscalización al respecto.
La cuñada de Soledad también fue una de las beneficiarias del poder de la socialista. La mujer de uno de sus hermanos recibió la cuantía de 41.741,11 euros por 120 facturas.
Las conclusiones elaboradas en el informe de intervención dictaminaron que no se han seguido los trámites establecidos para los contratos menores, donde las actuaciones deben ajustarse al artículo 118 de la LCSP e Instrucción 1/2019 dictada al efecto.
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