La web del referéndum ilegal del 1-O se alojaba en el mismo servidor que la empresa de Josep Pujol

Un antiguo colaborador de la Agencia de Ciberseguridad de la Generalitat (Cesicat), Albert Gabàs, ha dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en el que pide a la magistrada Alejandra Gil que investigue la conexión entre la web del referéndum ilegal del 1-O y el primogénito del clan Pujol, Josep Pujol Ferrusola.

Gabàs incorpora a su escrito un informe técnico según el cual la web garanties.cat (puesta en marcha por Junts pel Sí para promocionar el referéndum de independencia) se alojaba en el servidor de la plataforma Pensódromo, que acoge también la web de Europraxis (la empresa que Josep Pujol fundó y luego vendió a Indra) y la del semanario El Vallenc, en cuyas instalaciones la Guardia Civil halló material electoral del 1-O.

«Seguir un simple código», explica Gabàs este informe dirigido al Juzgado, «nos ha permitido relacionar una de las principales webs del referéndum con el entorno del Josep Pujol Ferrusola, entorno de un clan mafioso, que probablemente intentó chantajear al Estado con un alzamiento independentista».

Una denuncia de Albert Gabàs sobre múltiples irregularidades en los contratos millonarios del Cesicat provocó la investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil sobre la creación de «estructuras de Estado» de la Generalitat, que luego fue asumida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

El ‘pelotazo’ de Europraxis

Josep Pujol Ferrusola fundó en 1994 la consultora Europraxis, que en 2001 vendió a Indra por 44,4 millones de euros. El primogénito del clan Pujol, se incorporó entonces a la plantilla de Indra con un sueldo que llegó a alcanzar los 400.000 euros anuales.

La multinacional destinó al hijo del ex president a su oficina de Miami en 2014 –lo que le permitió quitarse de en medio, mientras la Justicia investigaba la fortuna que el clan familiar ocultó en Andorra–, pero finalmente decidió prescindir de sus servicios después de que declarara durante más de cuatro horas ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En cuanto al semanario El Vallenc, la Guardia Civil detuvo en septiembre de 2017 a su editor, Francesc Fàbregas, tras descubrir que ocultaba en su empresa de artes gráficas parte del material electoral del referéndum del 1-O. Tan sólo cuatro meses antes, Fàbregas había realizado una inyección de capital de 180.000 euros en su empresa, El Vallenc SL.

Francesc Fàbregas es padre de Judit Fábregas Gaya, quien desde 2007 ha sido concejal del PDeCAT en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valls. Judit Fábregas también ha sido diputada provincial en la Diputación de Tarragona por el mismo partido entre enero de 2013 y junio de 2015.

El «impresor» del 1-O

Desde el mismo año 2013 en que su hija ocupó su escaño como diputada provincial, la Diputación de Tarragona ha adjudicado a las empresas de Francesc Fábregas (El Vallenc SL y Edicions Valls Comunicació) contratos de publicidad que suman más de 411.000 euros. El más importante, por un valor de 238.500 euros, le fue adjudicado en abril de 2015, cuando su hija todavía era diputada en la Corporación provincial.

Las empresas del editor investigado por su implicación en la organización del referéndum del 1-O han recibido además al menos otros 103.500 euros en forma de subvenciones de los departamentos de Presidencia y Cultura de la Generalitat, también gobernada por el partido de su hija, el PDeCAT.

El informe técnico que Albert Gabàs ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona aporta ahora nuevas evidencias sobre la relación entre la web del referéndum ilegal, el primogénito de los Pujol y el editor de El Vallenc.

Una «organización criminal»

La juez Alejandra Gil dictó el pasado 9 de abril el auto de procesamiento de 30 altos cargos de la Generalitat y empresarios implicados en la organización del 1-O, imputados por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación.

La Fiscalía ha pedido que sean acusados además de un delito de pertenencia a organización criminal. Entre los procesados se encuentra el director de TV3, Vicent Sanchís. La juez ya ha comenzado a embargar los bienes de los 17 acusados de malversación, porque sólo han depositado 3,7 de los 5,8 millones de euros que se les reclama como fianza (el equivalente al dinero público que se utilizó para organizar el referéndum ilegal).