Un fondo buitre compra la Plaza Mayor de un municipio gobernado por Podemos por 27,5 millones

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha aprobado la venta de la Plaza de España de San Fernando de Henares (Madrid) a un fondo buitre de capital norteamericano por 27,5 millones de euros.

Se trata del fracaso definitivo de una polémica operación urbanística iniciada en 2008 por Izquierda Unida (IU) y culminada por el actual equipo de gobierno municipal de San Fernando de Henares Sí Puede, una de las franquicias locales de Podemos.

Por el camino, han quedado imputados el ex alcalde Julio Setién y el ex concejal de Urbanismo Joaquín Martínez, ambos de Izquierda Unida, por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

El ex alcalde de IU, imputado

El Ayuntamiento, presidido en aquel momento por Julio Setién, aprobó en 2008 ceder el conjunto arquitectónico y el suelo de la Plaza España a la sociedad mixta Plaza España San Fernando SL para llevar a cabo la operación.

De este modo, el Consistorio se convirtió en titular del 49% de las acciones de la empresa promotora, mientras que el 51% restante quedó en manos de los propietarios de las 65 viviendas situadas en la plaza.

El convenio firmado incluía el compromiso de realojar a estos vecinos en una parte de las 176 viviendas nuevas que se han construido. Durante la ejecución de las obras, cada una de las familias afectadas recibiría además 900 euros mensuales para pagar su alojamiento.

Gracias a un crédito de más de 60 millones de euros otorgado por Bankia, el proyecto impulsado por el Ayuntamiento ha incluido la rehabilitación de una parte del conjunto arquitectónico que data del siglo XVIII y la construcción de un aparcamiento subterráneo.

Deja una deuda millonaria

Sin embargo, las presuntas irregularidades cometidas en su gestión llevaron a la quiebra a la sociedad mixta municipal. Los administradores concursales designados por el juez fueron quienes propusieron la solución: vender todo su patrimonio (incluyendo los bloques de viviendas construidas y el aparcamiento subterráneo) a un fondo internacional representado por la empresa Pacífica Capital Gestión SL por 27,5 millones de euros.

La venta autorizada ahora por el Juzgado de lo Mercantil sólo permite saldar la mitad del crédito contraído con Bankia, que ha accedido a condonar el resto de la deuda.

Pero en cambio echa por tierra el compromiso de realojar a las familias afectadas y deja un importante agujero económico al gabinete de arquitectura que diseñó el proyecto y la constructora que ejecutó la obra.

A instancias de la oposición (formada por PP y PSOE), el Ayuntamiento gobernado por la marca blanca de Podemos se ha opuesto sin éxito a la venta de los inmuebles.

Pero los tribunales no han dicho todavía la última palabra. Un Juzgado de Instrucción de Coslada mantiene imputados al ex alcalde y el ex edil de Izquierda Unida, por transmitir el subsuelo de la Plaza, que constituye un patrimonio cultural protegido.

Varios administradores de la sociedad mixta están imputados por supuestas irregularidades en su gestión y otro juzgado instruye la denuncia interpuesta por un vecino afectado contra la entidad que financió la operación urbanística.

El PSOE acusa a la actual alcaldesa de la marca blanca de Podemos, Cati Rodríguez Morcillo, de no haber tomado ninguna medida para evitar que el proyecto multimillonario acabe en manos de un fondo buitre extranjero.