El TSJ investiga al presidente de Murcia tras la denuncia del filosocialista fiscal jefe

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha asumido la investigación contra el presidente del Gobierno regional, el popular Pedro Antonio Sánchez, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en el llamado caso Auditorio.

Hasta ahora la investigación estaba en manos de un Juzgado de Instrucción de Lorca, pero ha sido asumida por el TSJRM debido a que Pedro Antonio Sánchez tiene la condición de aforado, como diputado regional y presidente autonómico.

La causa tiene su origen en una denuncia presentada contra él en marzo de 2015 por el fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, cuya esposa es la abogada del PSOE en la región, Amparo Hornillos. Como ha informado OKDIARIO, ambos han jugado un papel fundamental en las acusaciones que ahora pueden llevar al banquillo al presidente autonómico.

El PSOE inició su ofensiva contra el político popular en 2005, cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, con varias querellas contra decisiones administrativas y urbanísticas de su Ayuntamiento. La responsable de dirigir estas acciones judiciales en representación de los socialistas fue la abogada Amparo Hornillos, mujer del fiscal jefe.

Una subvención de 6 millones

No obstante, para evitar un conflicto de intereses, Hornillos se retiró de estas causas y cedió la representación del PSOE a otro letrado pocas semanas antes de que su marido tomara posesión del cargo de fiscal jefe de la Región de Murcia.

Así ocurrió, por ejemplo, con la demanda que los socialistas presentaron contra la Consejería de Hacienda de Murcia por supuestas irregularidades en una cesión de unos terrenos para la construcción de un parking en Puerto Lumbreras. Hornillos se retiró de esta causa poco antes de que su marido abriera diligencias informativas.

En el llamado caso Auditorio, la Fiscalía Superior de Murcia abrió una investigación contra Pedro Antonio Sánchez a raíz de una denuncia presentada por el PSOE. Finalmente, el fiscal jefe Manuel López Bernal presentó una denuncia contra el político popular en marzo de 2015.

La denuncia está basada en supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación y ejecución de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, realizadas cuando Sánchez era alcalde de la localidad. El proyecto se llevó a cabo gracias a una subvención de 6 millones de euros otorgada por el Gobierno regional.

Sánchez que todo ha sido legal

La Fiscalía sostiene que, de esta cantidad, se desviaron 1,8 millones de euros a otros fines. Argumenta además que se han contabilizado gastos y el pago del IVA duplicados en algunas partidas, y que el Consistorio presidido por Pedro Antonio Sánchez recepcionó las obras antes de que estuvieran concluidas, sin que se pudiera comprobar por tanto si estaban «en buen estado».

Por su parte, el actual presidente del Ejecutivo autonómico señala que la subvención se invirtió “al cien por cien” en esta infraestructura, “se pagó y está justificada”, tal y como “acreditan absolutamente todas las certificaciones, informes y documentos”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo Ruiz, elevó el pasado mes de diciembre una exposición razonaba en la que solicitaba que se investigue la actuación del presidente regional por estos hechos.

Este jueves, la Sala de lo Civil y Penal del TSJRM ha dictado un auto en el que asume la competencia para investigar la causa, dada la condición de Pedro Antonio Sánchez de aforado. La resolución, que todavía no es firme y puede ser recurrida en el plazo de tres días, designa al magistrado Julián Pérez-Templado como instructor.

Junto al presidente de la Región de Murcia, están investigadas en la causa otras 20 personas, incluyendo a varios funcionarios municipales, el arquitecto redactor del proyecto y los concejales que aprobaron la adjudicación del concurso.