Sánchez adjudica el rastreo de 14 millones de móviles españoles a un ex asesor del Gobierno de Zapatero

El Ministerio de Transportes ha adjudicado el contrato de rastreo y geolocalización de 14 millones de teléfonos móviles españoles a la consultora Nommon Solutions And Technologies SL, fundada por Manuel Álvarez Nieto. Este empresario fue asesor del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre los años 2009 y 2011. Como ha publicado OKDIARIO, la tramitación de este contrato, que cuenta con un presupuesto de dos millones de euros, ha sido recientemente paralizada por el Tribunal de Recursos Contractuales, que investiga si el encargo contiene alguna irregularidad.

Según el perfil de Linkedln del fundador de esta consultora tecnológica, Álvarez Nieto fue “asesor senior en el Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Finanzas” entre los años 2009 y 2011. Una cartera de Estado que, en ese momento, estaba en manos de la ministra socialista Elena Salgado. Este empresario también asegura que fue consejero de la Empresa Nacional de Innovación, mercantil de capital público adscrita al Ministerio de Industria, entre 2010 y 2011.

Sin embargo, ninguno de estos nombramientos dentro del Ejecutivo del PSOE aparecen en el apartado de Autoridades y personal del Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras el triunfo del PP en las elecciones presidenciales de 2011, Álvarez Nieto cesó su responsabilidad en el Gobierno de Zapatero y, seguidamente, fundó Nommon. En concreto, lo hizo el 18 de abril de 2012, tal y como figura en el Registro Mercantil. La consultora tecnológica fue puesta en marca junto con su socio Ricardo Herranz López, que en el momento de la constitución de la sociedad fue nombrado apoderado y hoy aparece como administrador único.

El contrato adjudicado por el Ministerio de Transportes para llevar a cabo el Plan Movilia, el encargo de rastreo y geolocalización de 14 millones de teléfonos móviles españoles, tiene un importe de 679.000 euros, a pesar de que cuenta con un presupuesto de dos millones de euros. Una cantidad económica que supone, de manera aproximada, el 70% de la facturación que obtuvo la consultora tecnológica en su último ejercicio. Según el depósito de cuentas de Nommon, en 2020 registró un importe neto de la cifra de negocios de 1.007.731,09 euros, y en 2019 de 577.307,10 euros.

El pago de este contrato, tal y como fue fijado por Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes, estaba previsto que se llevará a cabo durante tres años: 226.666,48 euros en 2021; 339.999,72 euros en 2022; y 113.333,23 euros en 2023. En el acuerdo de adjudicación el Ministerio de Transportes alegó que la adjudicación a la consultora tecnológica del ex asesor del Gobierno de Zapatero se debió a que su oferta fue “la más beneficiosa en relación calidad-precio”.

El plan Movilia encargado a Nommon Solutions And Technologies SL es una de las grandes apuestas del Ministerio de Transportes para conocer los movimientos de los españoles en el turismo nacional tras la crisis del coronavirus. Este programa pretende rastrear la posición de los teléfonos móviles de 14 millones de españoles. Se trata de una práctica tremendamente cuestionada después de que el Gobierno la empleara a través del Ministerio de Sanidad en medio de la crisis sanitaria. Una operativa muy cuestionada, ya que esta táctica podría infringir el derecho al anonimato.

Como publicó este jueves este periódico, la Secretaría de Estado de Transportes licitó en noviembre de 2020 el contrato público con el que se inició el Plan Movilia con el siguiente objeto: “Servicio para la realización del estudio de movilidad de viajeros de ámbito nacional aplicando la tecnología Big Data”. Un concurso público que fue adjudicado a la UTE conformada por la consultora Nommon y la filial española de una conocida compañía telefónica.

Sin embargo, una de las firmas que optó al contrato presentó un recurso y pidió su suspensión cautelar. Una pretensión que, el pasado 11 de enero de 2021, fue estimada por el Tribunal de Recursos Contractuales. Tras tres meses de investigación esta institución dictó “el levantamiento de la suspensión del procedimiento de contratación”. Siete meses después, el 18 de octubre, volvió a ser impugnado por otra de las empresas concursantes y nuevamente en la actualidad, se encuentra paralizado.

Tal y como ha podido averiguar OKDIARIO, uno de los motivos por los que el Tribunal de Recursos Contractuales está investigando esta adjudicación es por una alegación en la que se denuncia que la administración pública ha podido cometer “faltas graves en la valuación para favorecer a Nommon al haber cambiado el criterio de puntuación a posteriori para favorecer su propuesta”.