El presidente del Parlament participó en el saqueo de 10 millones en Aigües de Girona que investiga el juez

La corrupción sigue persiguiendo a los principales líderes del proceso de independencia de Cataluña. La Agencia Tributaria apunta que el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, consintió y ocultó el saqueo de más de 10 millones de euros en la empresa mixta Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter SA (AGISSA), que actualmente investigan la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona.

El juez ya ha imputado en la causa al ex consejero delegado de la empresa mixta, Narcís Piferrer. Pero un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario apunta directamente a la responsabilidad de los órganos de gobierno de los tres ayuntamientos implicados: los de Gerona (cuyo alcalde era Carles Puigdemont desde 2011 a enero de 2016), Sarrià de Ter  (cuyo alcalde ha sido Roger Torrent durante los últimos 10 años, desde junio 2007) y Salt (cuyo alcalde ha sido hasta 2015 Jaume Torramadé, de CiU).

En el caso de Puigdemont y el actual presidente del Parlament su responsabilidad es doble: el primero presidió Aigües de Girona desde noviembre de 2011 hasta julio de 2013, mientras que Roger Torrent ocupó el mismo cargo entre noviembre de 2015 y marzo de 2016.

El informe de la Agencia Tributaria señala que los responsables municipales conocían y consintieron las irregularidades que se estaban produciendo en la empresa concesionaria de aguas, que cifra en un desfalco de 10 millones de euros. Los tres ayuntamientos se repartían el 20% del accionariado de Aigües de Girona, mientras que el 80% restante corresponde a la empresa privada Girona SA.

Falsearon las cuentas de la empresa mixta

El informe de Hacienda señala que, durante 15 años, los gestores de Aigües de Girona han falseado las cuentas de la empresa concesionaria para desviar ilícitamente a sus socios cerca un millón de euros anuales. De este modo, Aigües de Girona ha acumulado pérdidas por importe de 7 millones de euros, mientras los tres ayuntamientos y el socio privado saneaban sus cuentas repartiéndose los ingresos procedentes de la factura del agua que pagan los consumidores.

Gracia a esta mecánica, Girona SA se embolsaba cerca de medio millón de euros al año, mientras que los tres ayuntamientos se repartían entre 200.000 y 300.000 euros. Para rematar la jugada, la empresa concesionaria declaraba como «gasto» el reparto de dividendos, con el fin de eludir el pago de tributos a Hacienda.

«Los responsables de los ayuntamientos no sólo habrían dejado de ejercer sus funciones de control sobre las actuaciones de Girona SA y AGISSA, sino que tendrían conocimiento de sus actuaciones en cada momento», señalan literalmente los técnicos de Hacienda.

Las auditorías correspondientes a 2013 (último ejercicio de Carles Puigdemont como presidente de AGISSA) y 2014 comenzaron a sacar a la luz las irregularidades de la empresa concesionaria. Lejos de corregirlas, Puigdemont firmó un contrato que ampliaba la concesión hasta el año 2020.

La alcaldesa dice que es «un show»

Cuando al fin se comenzó a poner coto a esta situación, los gestores de Aigües de Girona optaron por recortar las inversiones y subir el recibo del agua, duplicando el canon que pagan los usuarios, para seguir hinchando el balance de resultado de los cuatro socios de la empresa mixta. Una situación que beneficiaba especialmente al socio privado, Girona SA, con la complicidad de los tres ayuntamientos.

Ya en el informe de intervención de 2013, se detectó que Girosa SA cargaba a la concesionaria gastos sin justificar por importe de más de 300.000 euros. Aquel mismo año, los gestores de Aigües de Girona suscribieron un préstamo de 300.000 euros siete meses antes de obtener la preceptiva autorización del consejo de administración.

En el marco de esta investigación, la Guardia Civil llevó a cabo el pasado 19 de septiembre un registro ordenado por el juez en la sede de Aigües de Girona. La sucesora de Puigdemont en la Alcaldía de Gerona, Marta Madrenas, optó por calificar de «show» la actuación de la Guardia Civil que pone en evidencia un nuevo caso de corrupción de su partido, el PDeCAT.

Estos hechos han llegado a los Juzgados a raíz de una denuncia de la CUP que ahora pone en apuros a sus socios: el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont (PDeCAT) y el ya ex alcalde de Sarriá de Ter, Roger Torrent (ERC), al que el partido antisistema acaba de colocar como presidente del Parlament.