Martín Blas amenazó a los dueños de BPA: «Si no rompéis el secreto bancario, el banco desaparecerá»

Un nuevo frente judicial se abre contra el comisario Marcelino Martín Blas. Según ha podido saber OKDIARIO, el ex jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha sido denunciado esta mañana por amenazas y extorsión ante la jueza que instruye el caso de Banca Privada de Andorra (BPA), Canòlic Mingorance. La denuncia ha sido presentada por Higini Cierco, uno de los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la entidad intervenida en marzo de 2015 por un presunto caso de blanqueo de capitales y que estaba citado hoy a declarar.

Según el relato de Cierco, antes de que BPA fuera intervenida, en mayo de 2014 Martín Blas ordenó al agregado del Ministerio de Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, que le trasladara la necesidad de reunirse con unas personas en Madrid, «o de lo contrario el banco morirá». Barroso añadió que «los estadounidenses estaban al corriente y ya sabían cómo hacerlo». En ese momento, la filial española de BPA, Banco Madrid, estaba sometida a una inspección ordinaria del SEPBLAC.

Los Cierco decidieron entonces delegar este asunto al entonces consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, que continúa actualmente en prisión preventiva. Barroso se reunió con Miquel y le insistió en que si no se colaboraban dándoles información sobre las posibles cuentas de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras en la entidad, «el banco desaparecerá». Después, le comunica que recibirá una llamada de una persona a la que se identifica con el apodo de «Félix» y que le dará nuevas instrucciones. «Félix» resulta ser el entonces comisario jefe del departamento de Asuntos Internos de la policía nacional, Marcelino Martín Blas.

Según ha contado a la juez, Miquel y Martín Blas mantienen un encuentro en el Hotel Villamagna de Madrid y el comisario le reitera las amenazas exigiéndole información bancaria de las familias Pujol, Mas y Junqueras. BPA decide entonces facilitar unos datos a Martín Blas que derivan en la publicación de una información en «El Mundo» que obligó al ex presidente de la Generalitat de Cataluña a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero, que según la entidad no superó los 5 millones. Cierco ha afirmado ante la instructora que Joan Pau Miquel no denunció entonces los hechos, en junio de 2014, porque Martín Blas le advirtió que, de hacerlo, «el FinCEN americano intervendría en quince días».

El FinCEN es una agencia del Departamento del Tesoro estadounidense creada en 1990, que almacena y analiza información sobre transacciones financieras con el fin de luchar contra los delitos financieros, como el fraude hipotecario, lavado de dinero y financiación del terrorismo. Tal y como publicó este diario, el organismo norteamericano desistió hace pocos meses así ante la inexistencia de pruebas que confirmen los delitos de los que se acusaba a la entidad financiera y dejó la solución del caso en manos de la administración andorrana.

Finalmente, según la versión de Cierco ante la juez, Martín Blas cumplió con su «amenaza»: «Probablemente porque la cantidad de dinero depositada en el banco les pareció insuficiente por los indicios que pudieran tener de la operativa bancaria que los Pujol hubieran podido llevar a cabo durante décadas en Andorra» los hechos derivaron con la nota del FinCEN construida a partir de información «errónea, parcial o incompleta».

Según fuentes del caso, no se descarta que la juez Canòlic Mingorance pudiera abrir una pieza separada de esta denuncia en el marco del caso BPA.

Los hermanos Cierco ante la juez

Los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), los hermanos Higini y Ramon Cierco, han asegurado este jueves ante la juez instructora del caso BPA, que la entidad actuó siempre siguiendo el marco legal andorrano vigente en cada momento y que se cooperó en todo momento tanto con los organismos de control y supervisión estatales como con las empresas auditoras.

Ramon Cierco, el primero en comparecer, ha explicado que «el control del día a día de la entidad estaba en manos de los ejecutivos y que los presidentes asumían aquellas funciones descritas y reconocidas en los estatutos de la entidad». Además, ha destacado que el banco «siempre disponía de las medidas de control necesarias y que la operativa usada seguía los parámetros descritos por el departamento de cumplimiento normativo» que, a su vez, se ceñía a la normativa y a los comunicados técnicos emitidos por los supervisores.

La juez del caso BPA tenía la intención de cerrar la instrucción entre agosto y septiembre, sin embargo, esto podría cambiar tras la denuncia presentada hoy por Higini Cierco.