IU pide personarse en el caso MercaOcio para evitar que Sánchez Mato acabe de nuevo procesado

Izquierda Unida ha solicitado personarse como acusación popular en el caso MercaOcio, apenas diez días después de que la Fiscalía haya emitido el informe en el que pide el archivo de la causa en la que está imputada la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y otros dos ex consejeros de Mercamadrid.

Tras conocer el informe del fiscal, Concepción Dancausa anunció que interpondrá una querella contra los ediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato (al que Manuela Carmena destituyó el pasado mes de diciembre como concejal de Hacienda) y Marta Higueras (que actualmente preside el consejo de administración de Mercamadrid), por intentar empañar su imagen con una denuncia política que carecía de fundamento.

Izquierda Unida ha solicitado ahora personarse en la causa para evitar que que quede archivada –tal como solicita la Fiscalía– y que finalmente sean imputados sus dos concejales.

Durante la instrucción, ha quedado acreditado que Sánchez Mato y Marta Higueras aportaron un informe manipulado y ocultaron datos clave, en la denuncia presentada ante la Fiscalía que ha provocado la imputación de Dancausa y del resto de ex directivos de Mercamadrid.

Ya está imputado por el Open de Tenis

De este modo, se repite la historia del Open Tenis de Madrid, por la que ya han sido imputados los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer como autores de un presunto delito de malversación de fondos públicos, por encargar informes a la carta para intentar procesar a los miembros del antiguo equipo de gobierno del PP. Pese a ello, Sánchez Mato y Celia Mayer se han negado de dimitir de sus cargos, vulnerando así el código ético de Ahora Madrid.

En el caso MercaOcio, el equipo de gobierno de Manuela Carmena ha pagado 6.487 euros al abogado José María Ayala de la Torre por elaborar un informe jurídico para justificar su denuncia contra Concepción Dancausa y el resto de ex consejeros de Mercamadrid.

Sin embargo, Sánchez Mato ha ocultado al juez al menos dos dictámenes que obraban en poder de Mercamadrid (uno elaborado por el padre de la Constitución José Pedro Pérez-Llorca y otro por los servicios jurídicos del Ayuntamiento) que niegan la existencia de irregularidades en MercaOcio.

El caso tiene su origen en 2001, cuando Mercamadrid adjudicó al grupo Merca Ocio 22 un concurso para explotar en su recinto dos parcelas con usos de hotel y restaurante. El hotel ya está construido y en funcionamiento, pero el grupo concesionario no pudo llevar a cabo el resto del proyecto porque el Ayuntamiento de Madrid denegó la licencia, alegando que el planeamiento urbanístico no permite el uso de restauración.

Un escaparate para las denominaciones de origen

El concesionario interpuso en 2010 una demanda contra Mercamadrid, en la que reclamaba una indemnización de 8 millones de euros por la inversión que había asumido. La dirección de Mercamadrid buscó alternativas y alcanzó un acuerdo para alquilar las instalaciones a su grupo matriz, Mercasa, con el fin de desarrollar un espacio para la degustación y venta de alimentos españoles con Denominación de Origen, que se llamaría MercaOrigen.

Sin embargo, también este proyecto quedó paralizado, ya que Mercasa reclamaba prolongar el alquiler hasta 2055 (lo que requería la autorización del Pleno del Ayuntamiento) con el fin de garantizar la viabilidad económica.

Desde entonces, Mercamadrid ha seguido pagando el alquiler de las naves (que supone 623.377 euros anuales) al grupo Merca Ocio 22, de acuerdo con el acuerdo transaccional firmado en noviembre de 2013. Durante los tres años de gobierno de Podemos, la actual dirección de Mercamadrid, presidida por la edil Marta Higueras, no ha dado ningún paso para rescindir el contrato o dar un nuevo uso a las naves construidas, que permanecen vacías.

La instrucción de la causa ha permitido aportar abundante documentación que acredita que Mercasa firmó un protocolo de intenciones para explotar estas naves y la operación fue autorizada por su accionista mayoritario, la SEPI.

Sánchez Mato aportó un informe manipulado

En su denuncia inicial, Carlos Sánchez Mato y Marta Higueras aportaron a la Fiscalía un informe manipulado, según el cual las naves se han alquilado a un precio de 10 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de mercado en la zona es de 5 euros. Por descontado, como centro de actividad económica los precios del suelo son mucho más elevados en el recinto de Mercamadrid, que en su entorno del barrio de Vallecas.

En su informe emitido el pasado 13 de abril, la Fiscalía solicita el archivo de la causa al no apreciar que la anterior dirección de Mercamadrid haya incurrido en los delitos de fraude, administración desleal o malversación. Ahora Izquierda Unida pide personarse en la causa para evitar que quede archivada y que sean imputados sus ediles Carlos Sánchez Mato y Marta Higueras.