Investigación

Hugo Chávez compró a la Fundación de Iglesias un plan para apropiarse del 15M y derribar la Monarquía

La Fundación de Pablo Iglesias vendió en 2011 al presidente venezolano Hugo Chávez un plan para infiltrarse en el movimiento 15M, con el fin de instrumentalizar y poner a su servicio las protestas de los indignados españoles.

El plan está incluido en un informe titulado Estrategias para una aproximación bolivariana al movimiento de los indignados en España y en Europa, que la Fundación CEPS envió al Ejecutivo de Caracas el 28 de mayo de 2011.

Este informe puede considerarse el “acta fundacional” de Podemos: tres años después, Pablo Iglesias y otros miembros de su Fundación (Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Luis Alegre, Carolina Bescansa y Alberto Montero) llevaron a la práctica sus recomendaciones y pusieron en marcha el partido diseñado precisamente para captar el voto de los indignados del 15M. Todo ello, tras recibir varios millones de euros del régimen bolivariano.

Los citados líderes de Podemos han sido miembros del patronato de la Fundación CEPS, que entre 2004 y 2012 cobró 3,7 millones de euros por asesorar al Gobierno de Venezuela. Estos informes de asesoramiento fueron contratados por el departamento de Presidencia que dirigía el propio Hugo Chávez y por varios ministerios de su Ejecutivo.

El «acta fundacional» de Podemos

A lo largo de la primavera de 2011, la Fundación de Pablo Iglesias informó puntualmente al Gobierno de Caracas sobre las protestas de los indignados en España, que tuvieron su epicentro en la Puerta del Sol de Madrid en vísperas de las elecciones municipales del 22M. En estos comicios, la victoria del PP en las principales capitales españolas anticipó la caída del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En un primer momento, la Fundación de Pablo Iglesias alertó a Hugo Chávez del riesgo de que las protestas de jóvenes e indignados se contagiaran al resto de Europa y luego a Venezuela, donde podrían ser capitalizadas por la oposición contra su Gobierno. Pero pocos días después, CEPS dio un giro radical a sus argumentos y propuso a Chávez una estrategia para sacar provecho político de este movimiento en España.

En un “informe táctico” fechado el 20 de mayo de 2011, la Fundación CEPS explica al Gobierno venezolano que “las acampadas [de la Puerta del Sol de Madrid] empezaron siendo espontáneas pero la organización de los descontentos promete prolongarse al menos hasta las elecciones del domingo 22”.

Soñaban con derribar la Monarquía

Tras informar de que la Junta Electoral Central había prohibido la manifestación convocada para la jornada de reflexión, el documento añade: “No se descarta que en un escenario de represión policial se pueda llegar a la medida extrema de suspender las elecciones (…), lo que podría tener unas repercusiones no previstas como elecciones anticipadas, debido al descrédito en el que se vería envuelto el Gobierno español”, presidido en ese momento por Rodríguez Zapatero.

 

Todo ello, auguraban los asesores de la Fundación CEPS, “dejaría el piso fértil” para llevar a cabo un “proceso constituyente” similar al que desencadenaron las elecciones municipales de abril de 1931, que culminaron con la abdicación de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República.

Los asesores españoles del Gobierno de Hugo Chávez apuntaban la posibilidad de que la movilización de los indignados, registrada “en un contexto de recortes sociales e insatisfacción política, pueda convertirse en la mecha que encienda las protestas a lo largo de Europa en contra de las políticas desplegadas desde el inicio de la crisis”.

Ante el riesgo de que la marea indignada se extendiera a Venezuela y fuera capitalizada por “fuerzas opositoras al Gobierno Bolivariano” (sic), el informe instaba a las Juventudes del PSUV (el partido de Chávez) a expresar su apoyo a los indignados españoles recalcando que las principales reivindicaciones del 15M “ya están siendo aplicadas por el Gobierno Bolivariano, cuando no trascendidas (ejemplo de las medidas bancarias)”.

«Tender puentes» con Democracia Real Ya

El informe remitido al Gobierno de Caracas incluye dos anexos: el primero incluye las “Propuestas de Democracia Real Ya” y el segundo los once “puntos de acuerdo del manifiesto plural redactado durante la madrugada del 18 de mayo en la Puerta del Sol”. Es decir, estas propuestas tardaron menos de 48 horas en llegar a los despachos del Gobierno de Venezuela, gracias a la celeridad de la Fundación que dirigía Pablo Iglesias.

Una semana después, el 28 de mayo de 2011, CEPS remitió a Caracas un nuevo informe titulado Estrategias para una aproximación bolivariana al movimiento de los indignados en España y Europa, en el que proponía al Gobierno de Hugo Chávez una hoja de ruta para infiltrarse en el 15M con el fin de obtener réditos políticos.

El documento destaca “la importancia crucial que estas movilizaciones podrían tener a la hora construir nexos entre el Proceso Revolucionario Venezolano y otras luchas que ayudarían a impedir el aislamiento al que la derecha internacional pretende relegar a la Revolución Bolivariana”.

En este informe los responsables de la Fundación CEPS dejan claro que el objetivo era doble: tender puentes con el movimiento del 15M para romper el aislamiento internacional del Gobierno de Chávez y poner un pie en la política española. Ambos objetivos se cumplieron tres años después con la creación de Podemos, de la mano de los responsables de la misma Fundación a la que Hugo Chávez regó con 3,7 millones de euros.

Infiltrarse en las acampadas

El documento destaca que los manifestantes de Madrid se oponían por igual al PP y al PSOE, en «un claro cuestionamiento del bipartidismo de derechas imperante», y añade que sus reivindicaciones «dibujan un modelo de sociedad identificable con el que está construyendo la Revolución Bolivariana».

Tras hacer un esbozo de las posiciones políticas defendidas por el 15M, el documento plantea una serie de recomendaciones para establecer una «articulación permanente entre la Revolución Bolivariana y el movimiento de los indignados». Para ello, señala la necesidad de «definir un guión estratégico» y una «hoja de ruta para el desarrollo de esa relación», además de identificar a los «actores que sirvan de interlocución» con el régimen chavista.

«Dicha articulación», añade el informe, «debería tomar cuerpo a través de las distintas organizaciones revolucionarias, particularmente el PSUV (el partido de Hugo Chávez) y su Juventud (…), aprovechando sus relaciones con camaradas comunistas que participen en esos espacios de movilización», señala el informe en alusión a las acampadas del 15M situadas en la Puerta del Sol de Madrid y en otras ciudades españolas.

El documento elaborado por la Fundación de Pablo Iglesias también propone «articular una estrategia con las organizaciones de solidaridad y apoyo al Proceso bolivariano que participan en las acampadas, planteándoles la necesidad de que colaboren con estos movimientos haciendo visibles los avances de la Revolución».

«Máxima cobertura» en la TV bolivariana

La Fundación CEPS recomendaba que el Gobierno venezolano se mantuviera al margen de esta operación públicamente, aunque sugería la posibilidad de que el propio Hugo Chávez realizara «algún tipo de guiño o gesto, no solo a estas movilizaciones [de España], sino también a las más amplias que se están dando en Europa contra las políticas capitalistas».

Por último, CEPS también aconsejaba «dar la máxima cobertura informativa al Movimiento 15-M / Democracia real ya, y a todas las movilizaciones relevantes que surjan en el ámbito europeo y árabe», a través de Tele Sur, el canal internacional en lengua española impulsado por el Gobierno de Venezuela como órgano de propaganda. «Con ello TeleSur podría convertirse en el referente informativo no solo de los pueblos del Sur sino también de los pueblos en lucha», añadía.

En suma, se trataba de un plan financiado por el Gobierno de Hugo Chávez (a través de los contratos millonarios otorgados a la Fundación de Pablo Iglesias) para exportar la revolución bolivariana a España, con el fin de desestabilizar la democracia y provocar un «proceso constituyente» que acabara incluso con la Monarquía, tal como sugerían los autores del informe.

El informe concluye con un anexo de tres páginas titulado «Nota de actualidad: comienza la represión», en el que la Fundación CEPS informa al Gobierno de Hugo Chávez del desalojo de los indignados en la Plaza Catalunya de Barcelona, que «se ha saldado con más de 100 personas heridas por porras e impactos de bolas de goma».

Actuando como auténticos comisarios políticos, los miembros de la Fundación de Pablo Iglesias especificaban que la operación policial había sido ordenada por el conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, cuyo partido, CiU, «ha iniciado una serie de ataques neoliberales en forma de recortes a la Sanidad y a la Administración pública».