González recibió «ayuda de amigos del CNI” para frenar las comisiones rogatorias de Lezo y el dúplex

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, recibió «ayuda de amigos» del CNI para parar las comisiones rogatorias del caso Lezo y de la causa de su dúplex de lujo que se investiga en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona.

Así se desprende de la declaración como investigado en Lezo del exdelegado del gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, Luis Vicente Moro es interrogado sobre la documentación incautada en su domicilio y sobre los diversos indicios incriminatorios existentes contra él, los cuales niega en todo momento.

Las comisiones rogatorias son auxilios judiciales internacionales que se solicitan al extranjero con el objetivo de ampliar y avanzar la investigación de una causa. La UCO intervino en el domicilio de Moro «comisiones rogatorias e información reservada» sobre casos judiciales relacionados con González.

Durante su declaración, Anticorrupción pregunta a Luis Vicente Moro si «intercedió o habló con alguien para que le diera información sobre esas comisiones rogatorias». El investigado lo niega y asegura que a González le dijo «que hablara con su abogado para ver si la señora jueza (magistrada de Estepona) aceleraba la petición de comisiones rogatorias».

«Tenía yo», añade Moro, «un conocido un amigo que trabajaba en seguridad al que le pedí que mirara a ver si llegaban las comisiones rogatorias al Estado de Delaware (EE.UU)». La fiscal interrumpe: «¿Pero que trabajaba en seguridad de dónde? ¿Dónde estaba en el Ministerio de Justicia?». «Era un freelance, yo creo que del CNI, un freelance» contesta.

La Fiscalía cuestiona si el objetivo era que «parase las comisiones rogatorias». El investigado contesto que «no», que querían que «las aceleraran». «Que aceleraran la petición y la contestación, pero dejármelas ver no» concluye.

Sus argumentos no convencen a la Fiscalía que solicita al final de la declaración la prisión provisional para el exdelegado del Gobierno en Ceuta. La representante fiscal en su informe ante el juez afirma que el investigado es «una persona que tiene acceso a información reservada, ya tuvo una condena por esa revelación de información reservada».

«Pero sobre todo lo que llama más la atención», añade, «y por eso hemos pedido que se adelantase la declaración del investigado es que tiene ‘amigos’, así se refleja en las intervenciones telefónicas, que le pueden ayudar en el tema de las comisiones rogatorias. En estos momentos, es muy importante, que se remitan estas comisiones rogatorias a Panamá y que lleguen a buen fin y que se puedan bloquear esos archivos» en referencia al cierre en falso de las mismas.

«Ya hemos visto que aparecen comisiones rogatorias en su domicilio incluso información reservada e importante de otros procedimientos y que no ha sabido dar una explicación», concluye Anticorrupción.

Las comisiones rogatorias de González

Tal y como avanzaba este diario, Reino Unido archivaba la comisión rogatoria solicitada por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona para investigar el dúplex de lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por “falta de información”.

En su escrito, las autoridades británicas se dirigían al representante fiscal español respondiendo a la solicitud de cooperación jurídica sobre la sociedad Coast Investors LLC: “No hemos recibido ninguna respuesta al oficio que le dirigimos el 22 de diciembre de 2016, solicitando más información para ejecutar esta solicitud; por tanto, le escribo para informarle de que actualmente hemos archivado el expediente”

Coast Investors LLC es la sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Delaware (EE.UU.) que actuó como intermediaria en la venta del inmueble de González. El dúplex fue adquirido por 741.000 euros.

Mientras tanto, el pasado mes de noviembre, la juez de Estepona reactivaba las comisiones rogatorias solicitadas a Estados Unidos para esclarecer si el expresidente madrileño empleó “una sociedad pantalla creada con el fin de ocultar el origen presuntamente delictivo de los fondos para la adquisición del inmueble”.