Investigación
Declaración del exgerente de Inassa, Diego García Arias

González pactó una comisión inicial de 2 millones por el pelotazo del Canal de Isabel II en Brasil

La UCO cree que González es dueño de un resort de lujo de 37 millones de dólares en República Dominicana

El exdelegado del Gobierno en Ceuta tenía en su casa un sobre con dinero a nombre de González

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pactó una comisión inicial de 2 millones por la adquisición de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II. Dicha empresa fue adquirida en 2013 por 21 millones de euros, y año y medio después, su valor apenas superaba los 5 millones.

El pasado 1 de noviembre se trasladaba una comitiva judicial a Colombia compuesta por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, para impulsar una comisión rogatoria enviada a este país.

En dicho viaje, se solicitó oír en declaración a los investigados Diego García Arias, exgerente de Inassa (filial colombiana del Canal de Isabel II) y a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A de Barranquilla (filial colombiana de Inassa) sobre su presunta participación en la adquisición irregular de la mercantil brasileña Emissao.

Según la declaración del exgerente de Inassa en Colombia, Diego García Arias, incluida en el sumario del caso Lezo al que ha tenido acceso OKDIARIO, Ignacio González «tuvo conocimiento en todo momento de la operativa de adquisición, situándose cómo uno de los organizadores e impulsores de la misma junto con Luis Vicente Moro (exdelegado del Gobierno en Ceuta)».

Durante su declaración, Diego García Arias reveló que el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, le aseguró que «en el supuesto de que la operativa de adquisición saliera bien, por parte de González se había autorizado ‘algo’ para algunos de los participantes». Siendo el reparto de 6 millones, de los cuales «3 millones serían para la gente de España, 2 millones para Ignacio González y 1 millón para Luis Vicente Moro».

Los otros 3 millones serían para «la gente de Colombia, 1 millón para Edmundo Rodríguez Sobrino, 1 millón para Diego García Arias y 1 millón para Ramón Navarro Pereira, siendo este reparto dado directamente por Ignacio González».

Finalmente, como consecuencia de la rebaja en el pago de las comisiones de un 10%, la cantidad a repartir descendió a los 5,4 millones repartidos de acuerdo a la siguiente distribución: Luis Vicente Moro, Edmundo Rodríguez Sobrino, Diego García Arias y Ramón Navarro Pereira cada uno recibió 900.000 e Ignacio González recibió la cantidad de 1,8 millones.

Según el testimonio del exgerente de Inassa, Rodríguez Sobrino le «pidió ayuda» a él y a Ramón Navarro para «canalizar la comisión» correspondiente de Luis Vicente Moro. Por este motivo, García Arias recibió la cantidad de 1,5 millones, de los que 900.000 les corresponderían a él por su participación en la operación, 200.000 se los transfirió a Rodríguez Sobrino en una de las sociedades que titulaba en Panamá y cuyo destinatario final sería González, y la cantidad de 400.000 fue entregada en efectivo en República Dominicana al citado Luis Vicente Moro.

Dicho montante habría sido ingresado por el exdelegado del Gobierno en Ceuta en el Banco BHD 25, mediante la apertura previa de una cuenta, obteniendo a su vez una tarjeta de esta entidad bancaria, la cual supuestamente sería la utilizada por Moro para gastar el dinero.

García Arias añade que el motivo por el cual «la gente de Colombia» recibió y canalizó las cuantías correspondientes a las comisiones de González y Moro «se debió a la dificultad de éstos a la apertura de cuentas bancarias con motivo de las causas legales y antecedentes penales en los que ambos se hallan o se han hallado implicados».

Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta.

Sobres con billetes de 500 para González

Durante el interrogatorio de Ignacio González tras ser detenido por el caso Lezo en abril, la fiscalía Anticorrupción le pregunta sobre su relación con el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro. González aseguraba que le conocía de su etapa como secretario de Estado de Inmigración: “Tuvimos mucha relación por razones obvias».

A continuación, el expresidente de la Comunidad de Madrid negaba haber mantenido una relación de “intermediación de negocios” con él. En ese momento, la Fiscalía explicaba que en el domicilio del exdelegado del Gobierno en Ceuta habían aparecido “sobres que contienen mucho dinero, con billetes de 500 y anotaciones que podrían corresponder al pago de comisiones”.

“Curiosamente en uno de estos sobres con dinero con una serie de anotaciones y donde falta dinero aparece su tarjeta. ¿Éste señor le ha entregado sobres con dinero?” señalaba Anticorrupción. González respondía impresionado: “Jamás, jamás”.

Los investigadores sospechan que el exdelegado del Gobierno en Ceuta “pudo mover fondos de González” a través de diferentes países. Por este motivo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, registró su domicilio donde, apunta la Fiscalía, se encontraron “los sobres con anotaciones y billetes de 500 euros”.