La Fiscalía investiga a un diputado socialista por permitir una okupación de terrenos públicos

La Fiscalía de Área de Algeciras ha abierto diligencias de investigación contra Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, y varios concejales del Gobierno local por un presunto delito de prevaricación administrativa. Los hechos investigados se refieren a la supuesta permisividad del Ayuntamiento con una explotación ecuestre que opera sin licencia en terrenos de titularidad municipal, adquiridos por el consistorio durante 2024. Ruiz Boix ya está imputado por otro asunto en el Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad, en concreto, por «amañar» oposiciones para contratar al novio de una funcionaria.

La denuncia contra el también líder del PSOE de Cádiz, presentada el 4 de septiembre de 2025 por un vecino ante el Ministerio Fiscal, señala que el gobierno local ha permitido la continuidad de una actividad económica ilegal. Esta explotación se desarrolla mediante el alquiler de boxes, pupilaje de caballos y clases de equitación en la finca clasificada como suelo no urbanizable.

Según ha sabido OKDIARIO, la fiscal ha iniciado formalmente la investigación el 29 de octubre de 2025. En su decreto, el Ministerio Público considera que los hechos «podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal».

Conexiones familiares

El denunciante ha señalado posibles vínculos familiares entre los responsables de la explotación y miembros del gobierno municipal. Según el escrito presentado, uno de los empresarios que gestiona la actividad ecuestre, identificado como A. M., sería «cuñado de una de las actuales concejalas del gobierno local, que a su vez es ex cuñada del alcalde de San Roque».

Esta imbricación familiar, según la denuncia, «pudo favorecer este acuerdo de explotación gratuita de bienes públicos». El negocio opera en Internet y mantiene publicidad activa para captar clientes.

El denunciante sostiene que el Ayuntamiento ha recibido «reiteradas denuncias en años anteriores» sobre la actividad presuntamente ilegal. Estas denuncias habrían servido, según dice en su escrito, como moneda de cambio en las negociaciones para la compra de los terrenos. Como parte del supuesto acuerdo, «no se cobrarían los expedientes sancionadores a los anteriores propietarios permitiendo la continuidad de su actividad ilegal».

El alcalde habría admitido en sesión plenaria la existencia de expedientes sancionadores contra los empresarios. Sin embargo, según la denuncia, «no se les expulsa del terreno público permitiéndoles la obtención de grandes beneficios a costa de bienes públicos».

La finca se encuentra en el término municipal de San Roque, en la zona de Sotogrande. Los terrenos fueron adquiridos por el Ayuntamiento hace meses, aunque las circunstancias exactas de la compraventa forman ahora parte de la investigación.

La Fiscalía ha ordenado la práctica de varias diligencias de prueba. Entre ellas destaca el envío de un oficio al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Algeciras «a fin de proceder a la investigación de los hechos denunciados y depurar la consiguiente responsabilidad criminal elaborando atestado».

También se ha requerido al Ayuntamiento de San Roque que informe sobre «las licencias otorgadas para la realización de actividades y/o construcciones en la parcela objeto de las presentes, así como los posibles expedientes sancionadores que se hubiesen incoado sobre la misma».

La fiscal ha comunicado el decreto tanto al denunciante como a los investigados. A estos últimos se les ha dado traslado de la denuncia interpuesta, haciéndoles saber que «desde este mismo momento podrán tomar parte en las presentes diligencias con intervención de representación letrada».

El artículo 404 del Código Penal tipifica la prevaricación administrativa. Este delito se aplica «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo». La pena contemplada es de «inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años».

La denuncia subraya que los actos administrativos investigados «presentan indicios claros de arbitrariedad y de apartamiento consciente del ordenamiento jurídico». El denunciante aporta documentación que incluye planos de ubicación de las instalaciones, notificaciones sobre la falta de licencia para construcciones, dos denuncias presentadas ante la Guardia Civil y la nota simple registral de los terrenos de propiedad municipal.

La apertura de esta investigación coloca al gobierno socialista de San Roque en una situación delicada. Si la Fiscalía encuentra indicios suficientes, el caso podría derivar en un procedimiento judicial que comprometería seriamente la credibilidad política del equipo de gobierno. El aforamiento de Ruiz Boix podría conducir el caso al Tribunal Supremo. Mientras tanto, el club equino continúa cabalgando en terrenos públicos, convertido en el epicentro de una investigación que amenaza con sacudir los cimientos del consistorio sanroqueño.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el diputado que, por el momento, declina hacer comentarios sobre el caso de presunta corrupción.