El fallo del caso Urdangarin se retrasa porque las magistradas examinan facturas falsas una a una

El caso Nóos entra en su recta final. El plazo que exonera a la magistrada ponente del caso, Samanta Romero, del reparto de otras causas que llegan a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca vencerá en marzo. Cuando apenas queda un mes para conocerse la sentencia más esperada de la historia española reciente, Romero junto a las otras dos integrantes del tribunal, Eleonor Moyà y Rocío Martín, podrían estar perfilando los últimos flecos de un fallo que se espera “extenso”.

Aunque en la causa fueron juzgadas 18 personas, entre ellas el ex presidente balear Jaume Matas, el foco mediático y la opinión pública espera con especial interés las decisiones judiciales que afecten a la infanta Cristina y a su esposo, Iñaki Urdangarin.

Según ha podido saber OKDIARIO, el retraso en dictar sentencia se debe a que las tres magistradas examinan «una a una las facturas falsas del Instituto Nóos». Fuentes del caso aseguran que las acusaciones contra el ex duque de Palma «no están tan claras» y han provocado el retraso del fallo». En este contexto, juega un papel clave el montante total defraudado por el ex duque de Palma y su ex socio Diego Torres.

El fiscal Pedro Horrach en sus conclusiones finales solicitaba para Urdangarin 19 años y medio de prisión por supuestos delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento publico y mercantil, fraude a la administración, estafa, dos delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales.

“Nadie puede poner en duda el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, hay más dudas para acreditar el de prevaricación y el de malversación, que derivaría en los supuestos delitos fiscales o en el blanqueo de capitales”, aseguran.

Para concretar los presuntos delitos cometidos por Urdangarin, las 3 magistradas han tenido que enfrentarse a dos cuestiones claves: «El análisis de las facturas falsas de los actos organizados por el Instituto Nóos» y “La Ley de Contrato de la Administración Pública”.

Según la investigación, Urdangarin y Torres crearon una trama empresarial que aparentaba no tener ánimo de lucro y que se habría beneficiado de unos 6 millones de fondos públicos. De esta forma, habrían logrado unos 3,5 millones de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones del Gobierno balear y 114.000 euros en donaciones del Ayuntamiento de Madrid.

El análisis de las facturas de los congresos y actos organizados por Urdangarin se ha convertido en un asunto capital para ponderar su posible pena de prisión. Las magistradas han tenido que concretar euro por euro y factura a factura «qué cantidad del dinero presentado en las facturas se gastó en realidad» y qué montante se habrían «embolsado de forma fraudulenta» los organizadores a posteriori.

Las mismas fuentes destacan la dificultad a la que se han enfrentado las magistradas, ya que “los informes policiales recogieron como falsos los conceptos y servicios ‘raros y extravagantes’ de los actos», que en contra de lo que se creía inicialmente, sí se efectuaron”. Según contabilizó la Fiscalía, Torres obtuvo 2,6 millones de beneficios y Urdangarin 1,8 millones.

La segunda cuestión clave para enjuiciar a Urdangarin es la «Ley de Contratos de Administración Pública», que se tradujo en el uso fraudulento de convenios de colaboración y que si se consigue acreditar sólidamente sostendría algunos de los delitos más graves. Nóos resultó adjudicatario de fondos públicos eludiendo de forma ilícita la aplicación de la citada Ley.

La hipótesis de que Urdangarin ingrese en prisión con una pena final muy inferior a la solicitada por el Ministerio Público, que pudiera ser de 2 años o menos, tal y como sucedió con Jaume Matas, tampoco se descartaría. No obstante, las fuentes consultadas afirman que es «poco probable porque algún delito de los gordos le caerá».