Errejón organizó cursos de derechos humanos en Venezuela mientras Maduro tenía 134 presos políticos

La Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), dirigida por Pablo Iglesias, facturó más de medio millón de euros de Venezuela en 2013 al Gobierno de Nicolás Maduro por diversas asesorías. Pero una de ellas resulta sangrante: «durante 2013 la Fundación continuará la maestría de derecho constitucional en la Defensoría del Pueblo». Firmado por Íñigo Errejón, el documento que reproduce OKDIARIO detalla las condiciones bajo las que la Fundación CEPS impartiría clases de derechos humanos y constitucionalismo a funcionarios del régimen bolivariano.

Ese año, precisamente, mientras se impartían esas lecciones a los esbirros de la dictadura de Maduro, Venezuela abandonaba el sistema de derechos interamericano para impedir que las víctimas de la dictadura pudieran acudir a cortes internacionales y buscar la justicia que su país les negaba. En 2013, los presos políticos del régimen bolivariano sumaban 134.

Durante 2013 –año en el que el Ejecutivo estuvo encabezado por Nicolás Maduro, primero como mandatario encargado y luego como presidente constitucional– hubo 134 detenciones por razones políticas en Venezuela. La cifra está contenida en el informe anual que divulga la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro).

Sumados los 13 años precedentes de régimen chavista, en el país se habían registrado 317 presos políticos, de acuerdo con el informe. Esto implicaba que en el tiempo que la presidencia había sido ejercida por Maduro se había producido 42% de estas detenciones, mientras que el otro 58% se efectuó durante los 13 años de mandato de Hugo Chávez, lo cual evidenciaba la radicalización del año de Maduro.

Fundepro indicaba que 122 de las 134 detenciones que se realizaron por razones políticas en 2013 fueron efectuadas durante las protestas poselectorales del 15 y 16 de abril, en las que grupos de jóvenes manifestaron en varias ciudades del país exigiendo al Consejo Nacional Electoral el recuento de los votos. Maduro fue proclamado presidente por una diferencia de 223.599 sufragios.

Rodeados de represión

Todos los organismos internacionales eran unánimes sobre la represión del chavismo. Mientras los asesores de CEPS cobraban a precio de oro sus lecciones de constitucionalista, los derechos humanos eran pisoteados en Venezuela.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaba que en 2013 se estaba produciendo en Venezuela una «violación grave de los de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa» .

Esto se traducía en «la provisionalidad de los jueces y fiscales, lo cual conlleva la fragilidad del poder judicial y su falta de independencia e imparcialidad», «el uso abusivo del derecho penal y la afectación a la libertad de expresión»…

El informe detallaba los desmanes policiales tras la cuestionada victoria de Maduro en 2013. Más de 130 detenidos, 60 heridos, y una decena larga de muertes en el contexto de las manifestaciones para reprobar el escrutinio. El informe también destacaba las amenazas de los gobernantes que eran usadas por sus fuerzas de choque para amedrentar a los grupos rivales políticamente.

De igual manera, se denunciaban las recurrentes detenciones de periodistas, amen de agresiones, amenazas, vetos a la cobertura de actos…

Las críticas de Naciones Unidas

No era mejor el relato del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Lamentaba que el 60% de los detenidos estaba en situación preventiva, las violaciones de los derechos humanos en las manifestaciones, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por la policía y el recurso a la tortura, las detenciones arbitrarias, la intervención militar en el control de reuniones públicas, y la intimidación de periodistas, abogados y defensores de derechos humanos…

Human Rigths Watch (HRW) también dibujaba una Venezuela muy poco estudiosa de las lecciones de constitucionalidad que se brindaban y facturaban con la rúbrica de Iñigo Errejón. «Durante el Gobierno de Chávez y del actual presidente Maduro la acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos […] El abuso policial, las condiciones carcelarias y la impunidad en casos de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad continúan siendo materia de profunda decepción».