El comisario Martín Blas también controló el teléfono del viceministro de Interior

El comisario Marcelino Martín Blas también controló las llamadas telefónicas del secretario de Estado de Seguridad y nº 2 de Interior, Francisco Martínez. Martín Blas encabeza la Comisión Judicial de la Policía Nacional que investiga la grabación relacionada con el caso del ‘Pequeño Nicolás’. Dicha grabación registró un encuentro secreto mantenido el 20 de octubre de 2014 entre Martín Blas, entonces jefe de Asuntos Internos, y varios agentes del CNI. En la reunión, se habló del «lavado de pruebas», presuntamente falsas, que habrían incriminado a Francisco Nicolás. 

En un documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Martín Blas hace referencia a las llamadas telefónicas registradas entre varios policías y periodistas el pasado 17 de noviembre de 2014.

Dicho documento, remitido al titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, recoge una serie de llamadas del director de OKDIARIO, Eduardo Inda; el periodista, Esteban Urreiztieta; los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo; el entonces Director Adjunto Operativo (D.A.O), Eugenio Pino; el inspector José Ángel Fuentes Gago y por último, el nº 2 de Interior con Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad.

Las llamadas registradas a Francisco Martínez son las que intercambió en aquella fecha con el comisario Villarejo, imputado en la causa. El documento que publica este diario cita textualmente: «Se ha demostrado que existe tráfico de teléfono entre los dos periodistas (Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta), entre estos y el comisario Enrique Castaño, entre éste con el D.A.O (Eugenio Pino), con el inspector J. Gago y el Comisario Villarejo, y entre éste con Urreiztieta y el Secretario de Estado de Seguridad (Francisco Martínez)».

Precisamente, este miércoles el comisario José Villarejo deberá comparecer en calidad de investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid, Arturo Zamarriego.

Las «diligencias» de Martín Blas

Las diligencias practicadas y solicitadas por el comisario Marcelino Martín Blas en el marco de la «Operación Nicolás», no han dejado de levantar polémica desde que las desveló OKDIARIO.

Según desveló este diario, Martín Blas llegó a solicitar al juez controlar los teléfonos de 3 policías, Francisco Nicolás y 7 periodistas, entre el 1 y 15 de marzo de este año. Los hechos investigados, la grabación al propio Martín Blas y dos agentes del CNI, se había producido dos años antes.

Este comisario llegó a solicitar un mandato judicial a las compañías Telefónica, Vodafone, Yoigo, Orange y ONO para que facilitaran las siguientes informaciones sobre 16 líneas telefónicas: “El nº de línea y titular que utilice dicho terminal, el tráfico de llamadas entrantes y salientes, la identificación de los titulares de las líneas entrantes y salientes que conectan con dicho terminal y el posicionamiento geográfico y geodésico”.

La Comisión Judicial de Policía Nacional encabezada por Martín Blas y otro inspector judicial atribuía la titularidad de estas 16 líneas telefónicas al comisario José Villarejo y su esposa, Gemma Alcalá; el director de OKDIARIO, Eduardo Inda; los periodistas Esteban Urreiztieta, Daniel Montero, Manuel Rico y Sandra Fernández; el director de “Producciones Mandarina, Pedro Revalderia; el comisario Enrique García Castaño y el inspector José Ángel Fuentes Gago; y por último, Francisco Nicolás.

El fiscal del caso, Manuel San Román, contestó a esta petición en abril con un escrito contundente. Señaló que el escrito policial no especificaba “el modo” por el que se había tenido conocimiento de esas líneas telefónicas y su atribución a esas personas. Además, cuestionaba “la utilidad” de pedir las comunicaciones de estas personas de marzo de este año, si los hechos investigados sucedieron en el 2014.

El representante del Ministerio Público añadía que “tampoco se especifica el interés de averiguar la identidad de todas las personas con las que pudieron establecer comunicaciones con carácter general”. “No se justifica la finalidad de esa intromisión en el secreto de todas las comunicaciones”. 

El fiscal terminaba su escrito señalando que “se opone a la expedición de los mandamientos solicitados por la Policía, a fin de evitar futuras nulidades de actuaciones como consecuencia de la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones”. Tras este demoledor informe, el juez del caso, Arturo Zamarriego rechazó las diligencias solicitadas por Martín Blas.