Un alto cargo de Sánchez imputado por los contratos covid acusa al ex ministro Illa: «Me lo pidió él»

Alfonso Jiménez Palacios, ex director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), y uno de los ex altos cargos del Gobierno de Sánchez imputados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos covid, declaró ante la juez Concepción Jerez, titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que él se limitó a ejecutar una «orden comunicada del ministro (Salvador Illa) para adquirir de emergencia todo el material». En otro momento de la declaración, el investigado reiteró que «la gestión financiera de las compras» correspondían al Ministerio de Sanidad, «sin lugar a duda», matizó.

En esta misma línea, declaró la ex directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, quien afirmó en sede judicial que informaba «de manera sistemática» sobre la adquisición de productos al «ministro». Es la primera vez que los ex altos cargos del Gobierno, imputados por las adjudicaciones por importe de 315 millones de euros destinados a la compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia, señalan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez como responsable de las presuntas irregularidades.

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la declaración de los tres ex altos cargos del Gobierno –dos de Sanidad y una de Hacienda– imputados por las presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la crisis provocada por el covid-19. El pasado 7 de abril de 2022, el ex director de Ingesa –ahora jubilado– aseguró que el responsable de la gestión era el Ministerio de Sanidad y que la orden la dio directamente el ministro Illa. Además, afirmó que el Gobierno creó un «equipo multidisciplinar» y estos expertos eran los que proponían qué empresas debían ser contratadas. A continuación, este periódico reproduce la declaración del ex director de Ingesa ante la juez Concepción Jerez:

Alfonso Jiménez. – Era una situación realmente dramática y, en esos momentos, a mí se me encargó –llevar a cabo– una orden comunicada del ministro para adquirir de emergencia todo el material que pudiésemos para hacer frente a esa situación.

Juez. – ¿Cómo se elegía a la empresa que iba a suministrar el material?

A. J. – Llegó un momento en el que en Ingesa, ni por recursos humanos ni por capacidades, nos era posible acceder al mercado internacional y más concretamente al chino. Entonces, el Gobierno decidió reforzar a Ingesa con un equipo multidisciplinar de altos funcionarios donde había gente de Hacienda, de la Agencia Tributaria, del Instituto de Comercio Exterior, de Industria, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de AENA, etc. En fin, de muchos organismos, que fue el equipo que se dedicó a localizar a los proveedores y luego me pasaban a mí la propuesta, en muchos casos ya con la factura proforma correspondiente, y yo ponía en marcha todo el procedimiento administrativo de compra como, por ejemplo, la memoria justificativa.

Juez. – ¿Se trataba de un procedimiento más reducido?

A. J. – Mucho más reducido, muchísimo más reducido.

Juez. – ¿O sea que son otras personas las que eligen al vendedor?

A. J. – Las que lo buscan y me lo proponen. Obviamente, el que lo firmo soy yo. No es que quiera quitarme responsabilidades, en absoluto.

Juez. – Quiero decir, que a usted le dicen: «Hay éste y éste, elija el que quiera». ¿O sólo le dan uno porque no hay más?

A. J. – En muchas ocasiones me dan uno y a un precio.

En otro momento de la declaración, el imputado responde a las preguntas de su abogado. El letrado le pregunta que «¿a quién correspondía la gestión financiera de las compras realizadas para hacer frente al covid?». Sin titubear, el investigado responde: «Al Ministerio». Añade: «De estos contratos –en referencia a los que están siendo investigados–, al Ministerio sin lugar a duda». Recalca: «Al principio hicimos nosotros algo, como he explicado antes, los primeros contratos, pero concretamente de todos estos contratos y todos los posteriores, es el Ministerio”.

«Informaba al ministro»

Ese mismo día también declaró la ex directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, que dimitió de su cargo tras la imputación. La abogada de Vox, Marta Castro, que ejerce la acusación popular en la causa, le preguntó: «Durante el tiempo en el que usted estuvo al frente de la contratación, ¿a quién informaba: a sus superiores, a Alfonso Jiménez o transmitía usted también información directa al ministro de Sanidad?».

La investigada señaló que informaba al ministro Illa dos veces al día. «Nosotros en el Ministerio de Sanidad teníamos dos reuniones programadas diarias. Una a las 08:00 horas y otra a las 19:00 horas, todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Acudía yo misma y dentro de los puntos del orden del día que, además, eran sistemáticos todos los días, el ministro nos preguntaba cómo iba la adquisición de productos y yo informaba puntualmente de los avances que habíamos tenido», concluyó.

Cargos ad hoc

Los imputados por el caso Mascarillas, que afecta al Gobierno, fueron beneficiados por las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lacruz, por ejemplo, accedió a su puesto, reservado a funcionarios de carrera, sin contar con el respaldo legal necesario para ello, razón por la cual el Ejecutivo socialista se vio obligado a regularizar su situación a través de un Real Decreto que se aprobó ad hoc ocho meses después de su nombramiento.

Antes de convertirse en responsable de la Cartera Común, Lacruz lideraba la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Para ello, gozaba de una exención legal que le permitía ejercer sus funciones sin ser funcionaria de carrera. Sin embargo, en marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia de coronavirus, el Ministerio de Sanidad cambió su estructura orgánica básica y colocó a Lacruz en una cartera de nueva creación: la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia, un departamento que no gozaba de este privilegio que permite a un no funcionario ocupar el puesto de director.

Así, y hasta que el Gobierno regularizó su situación, Patricia Lacruz ejerció las funciones de un puesto para el que no cumplía los requisitos. Lo hizo, además, durante ocho meses críticos, marcados por la etapa más dura de la pandemia.

Por otra parte, el ex director de Ingensa, Alfonso Jiménez Palacios, ocupó puestos de responsabilidad en el Gobierno con hasta ocho ministros del PSOE. Palacios es, además, el que más contratos fallidos acumula entre los investigados. Médico de formación, a Alfonso Jiménez el estallido de la pandemia le sorprendió precisamente dirigiendo la entidad sobre la que el Ministerio de Sanidad delegó la política de adquisición urgente de material de protección frente al coronavirus.

Sin embargo, antes de protagonizar algunas de las irregularidades que forzaron al Ministerio de Hacienda a intervenir en la compra de estos bienes, este alto cargo del Gobierno ya había ocupado otros puestos de responsabilidad con hasta ocho ministros socialistas. El primero de ellos, de la mano de Elena Salgado, quien en el año 2004, recién estrenada la primera de las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, le nombró director general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

De este puesto cesó en abril de 2008 para, un año después, ser elegido director general de Farmacia y Productos Sanitarios en el Ministerio de Sanidad de Bernat Soria, cargo que mantuvo con las ministras del ramo Trinidad Jiménez y Leire Pajín. Esta última, en octubre de 2011, durante los últimos compases del Gobierno socialista, le nombró secretario general de Sanidad y Política Social. Dos meses después, con la llegada del Partido Popular a la Moncloa, fue destituido.

Pero su suerte cambió de nuevo en julio de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy que entregó la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.  Entonces, con Carmen Montón liderando el Ministerio de Sanidad, Alfonso Jiménez fue elegido director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, donde permaneció bajo la gestión de María Luisa Carcedo, Salvador Illa y Carolina Darias. Finalmente, en marzo de 2021 abandonó su puesto después de protagonizar decenas de polémicas por la adjudicación de contratos covid.