La segunda ronda de diálogo entre la oposición y la dictadura de Maduro encalla en Santo Domingo

No avanza el diálogo abierto entre la tiranía chavista de Nicolás Maduro y la oposición democrática de Venezuela. Las conversaciones se están desarrollando en Santo Domingo pero, como si de habitantes no del mismo país que se hunde, sino de planetas diferentes, los representantes de ambas partes no se entienden.

El régimen sólo quiere que le hablen de cuándo se van a levantar las sanciones económicas y de movilidad internacional que pesan sobre algunos de sus más altos dirigentes, entre ellos, el propio Maduro. Pero es es algo que no está en manos de la oposición, por muy apoyada que esté ésta por la comunidad internacional y sus líderes —esencialmente, EEUU y la Unión Europea—.

Y la oposición pretende lo que lleva reclamando años: elecciones presidenciales libres, apertura de un canal humanitario, liberación de todos los presos políticos y reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional —el Parlamento que controlaba la oposición y que fue derogado fraudulentamente por la Constituyente que Maduro se sacó de la manga—.

Las negociaciones, que este viernes celebran su segunda ronda en Santo Domingo, se abordan con pocas esperanzas en ambos lados de la mesa, aunque con verdadero interés en cada extremo por hallar —siquiera por un milagro— algún punto de coincidencia. éstos son los principales puntos de discordia:

Elecciones presidenciales

Previstas para fines de 2018, líderes opositores y analistas creen que deberían ser adelantadas al primer trimestre.

Argumentan que el presidente Nicolás Maduro, quien planea ser reelegido, querría aprovechar las fracturas en la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y su posición de fuerza tras arrasar —aunque los observadores denunciaron fraude masivo— en las recientes elecciones de alcaldes y gobernadores.

Los principales partidos opositores se negaron a participar en las votaciones de alcaldes tras denunciar un «fraude» en las de gobernadores, debido a lo cual Maduro amenazó con inhabilitarlos para la presidencial.

La MUD, que acusa a Maduro de tener «secuestrado» al poder electoral, exige «garantías de transparencia».

El jefe negociador del Gobierno, el ministro Jorge Rodríguez, asegura que el sistema electoral es «el más seguro del mundo» y que el oficialismo «no va a ir a un evento electoral ni va a firmar ningún acuerdo […] hasta que se levanten las sanciones» económicas de Estados Unidos.

La oposición, a la que el gobierno culpa de impulsar esas medidas, sostiene que no está en sus manos anularlas.

Canal humanitario

La MUD también pide un «canal humanitario» para recibir donaciones de alimentos y medicinas, en severa escasez. «No somos mendigos de nadie», replica Maduro, quien niega que en Venezuela haya una crisis humanitaria.

El Gobierno alega que se trata de una trampa para abrir las puertas a una intervención militar extranjera.

En medio de las protestas contra Maduro que dejaron 125 muertos entre abril y julio, el jefe negociador de la MUD y presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, pidió apoyo al presidente de Francia, Emmanuel Macron; la canciller alemana, Angela Merkel; la primera ministra británica, Theresa May; y al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy.

Presos políticos

«Liberar a todos y cada uno de nuestros presos políticos», demandó Borges tras la primera ronda de conversaciones, el 1 y 2 de diciembre. Dirigentes emblemáticos como Leopoldo López —bajo arresto domiciliario— están privados de libertad, y otros inhabilitados políticamente, como Henrique Capriles o María Corina Machado. Algunos más, en el exilio.

Según la ONG Foro Penal, unos 300 opositores están encarcelados. El régimen de Maduro niega que en Venezuela haya presos políticos, y justifica las medidas judiciales con acusaciones de conspiración e incitación a la violencia, entre otros.

¿La Asamblea o la Constituyente?

Declarada en desacato por la justicia, que considera «nulas» todas sus decisiones, la Asamablea Nacional —único poder que controla la oposición— está maniatada.

La MUD demanda que se respete la autonomía del Legislativo y «la voluntad de los 14 millones de venezolanos que lo eligieron» en 2015.

A su vez, Rodríguez aboga por el reconocimiento de la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro e integrada exclusivamente por chavistas, que rige como un «suprapoder» desde agosto.

La MUD, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región desconocen a ese órgano, que en la práctica ha sustituido al Parlamento con la aprobación de varias leyes.

Colapso económico

Las sanciones de Washington complican aún más el panorama económico, con una inflación que el FMI proyecta en 2.340% para 2018 y cuatro años de fuerte contracción, a raíz de la caída de los precios y de la producción de crudo.

Estas medidas prohíben transar nuevos bonos de Venezuela y su petrolera PDVSA, justo cuando Maduro busca renegociar la deuda externa de unos 150.000 millones de dólares.

En el país con las mayores reservas petroleras y dependiente de las importaciones, las sanciones también afectan las operaciones de comercio exterior, denuncia el Gobierno, si bien no se sostiene. Porque los castigos en realidad son exclusivamente personales, no corporativos.

Borges asegura que el tema «no se planteó» en la primera ronda, aunque insiste en que cualquier renegociación debe contar con el aval del Parlamento.