La ONU exige medidas urgentes contra el asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia

La historia de Colombia cambió por completo en 2016 tras la firma del Acuerdo de la Paz entre las FARC-EP y el Gobierno. Casi cuatro años después, el jefe de la misión de la ONU en la nación latinoamericana ha presentado el último informe sobre la situación del país ante el Consejo de Seguridad, en el que exige medidas urgentes contra el asesinato de defensores de derechos humanos y denuncia la aparición de redes de crimen organizado dedicadas, entre otras actividades, al reclutamiento de menores.

Los efectos de la pandemia del coronavirus – advierte este documento – en la aplicación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto han quedado “cada vez más patentes”. “La pandemia y las medidas de distanciamiento social y aislamiento han afectado a los programas relacionados con la paz y han tenido repercusiones negativas considerables en las comunidades vulnerables afectadas por el conflicto”, ha alertado.

Si bien las instituciones del Estado se han adaptado a esta nueva realidad, la persecución a los defensores de derechos humanos ha continuado.  En lo que llevamos de año, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos ha registrado un total de 32 casos de homicidios de líderes sociales (incluidas 4 personas de comunidades étnicas y 4 mujeres), y otros 47 casos están siendo verificados (entre ellos los de 3 mujeres, 13 personas de comunidades étnicas y 1 integrante de la comunidad de personas LGTBI). En el complejo escenario colombiano, el Departamento del Cauca sigue teniendo los niveles más altos de violencia contra líderes sociales, de acuerdo con este informe.

Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y representante especial del secretario general de la ONU, António Guterres, ha reconocido la “perseverancia” tanto del Gobierno como de las FARC en continuar con los “esfuerzos de consolidación de la paz a pesar de las dificultades que plantea la pandemia”. “La inseguridad que enfrentan los ex combatientes de las FARC-EP, las comunidades, los defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sigue siendo nuestra mayor preocupación. Lamentablemente esta situación ha continuado durante la pandemia”, ha recalcado haciendo hincapié en que esta violencia se produce principalmente “contra quienes dejaron armas, quienes defienden derechos humanos y de comunidades devastadas por el conflicto”.

Durante su intervención ha destacado que el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo Final en 2016 ha ascendido a 210. “La violencia sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia”, ha advertido.  Asimismo, ha dicho que la presencia consolidada e integrada de instituciones del Estado es la mejor solución a largo plazo para la violencia que azota a las regiones rurales. Ruiz Massieu también ha recordado que el Acuerdo diseñó mecanismos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o el programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios. Por último, durante su discurso ante el Consejo de Seguridad, ha alentado a la población colombiana a que permanezca “unida” mientras navegan por esta crisis y a que mantengan “sus acciones fijadas en sus objetivos comunes de seguridad, desarrollo y paz genuina y duradera”.

Aun así, el Gobierno ha defendido que la implementación del Acuerdo Final sigue avanzando a pesar de esta situación. La ministra de Exteriores colombiana, Claudia Blum, también ha intervenido ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la sesión de presentación de informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en esta nación. Blum ha insistido en que, a pesar del contexto provocado por la actual crisis sanitaria, el Ejecutivo del que ella forma parte “sigue trabajando sin descanso” para cumplir los términos establecidos en el documento firmado en 2016. “No hemos retrasado ninguna de las áreas de trabajo que comprende la política de Paz con Legalidad. Su implementación es una prioridad del Gobierno del presidente Iván Duque”, ha señalado.

La canciller colombiana ha recalcado que todas las entidades encargadas de trabajar por la paz en la nación latinoamericana han adoptado medidas para “la prevención, atención y mitigación de riesgos de la COVID-19”. “Los beneficiarios de esas medidas incluyen a los excombatientes, las víctimas y los agricultores comprometidos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos”, ha dicho.

Asimismo, ha aclarado en un comunicado de prensa publicado al finalizar la reunión que “en las regiones en las que se están ejecutando los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se han financiado con regalías de la explotación petrolera y minera 186 proyectos por 423 millones de dólares, desde el inicio del Gobierno. Las agencias gubernamentales también continúan comprometidas con 100.000 familias que han expresado su voluntad de abandonar el cultivo de coca y transitar hacia la legalidad”.

Tal y como se estableció en el acuerdo firmado en 2016, la canciller ha asegurado que el éxito y la sostenibilidad de la reincorporación de los excombatientes “son decisivos para evitar nuevos ciclos de violencia”. “Seguimos trabajando con determinación para apoyar sus proyectos productivos. El número de beneficiarios de los proyectos puestos en marcha en el primer semestre de este año se incrementó en un 71% en comparación con el mismo período de 2019”, ha destacado.

A pesar de estos datos, la ministra colombiana ha denunciado lo que ha definido como “una campaña de desinformación y tergiversación” por parte de quienes afirman que “el Gobierno mantiene un doble discurso frente a la implementación del Acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las FARC”. Ante estas circunstancias ha explicado que el Gobierno ha articulado diversas acciones para fortalecer “la prevención, la protección individual y colectiva, y el apoyo a la investigación y el enjuiciamiento”.

El cuarto punto del acuerdo establecía los pasos a seguir para encontrar una solución al problema de las drogas ilícitas. En este contexto, la canciller ha resaltado que “el ambiente complejo y la amenaza que plantean los grupos armados organizados dedicados al tráfico de drogas y la minería ilegal es el factor generador de la violencia que se concentra en determinadas regiones del territorio” y ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la reducción de este tipo de cultivos.

En cuanto a la denuncia de los ataques contra defensores de Derechos Humanos, Claudia Blum ha indicado que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 y el mismo periodo de 2019 se observa una reducción del 30% en el número de homicidios. “Si se comparan estos mismos periodos del año 2018 y del año 2020 se confirma la tendencia de reducción. La Fiscalía ha logrado el esclarecimiento en el 54,3% de las investigaciones. El Gobierno de Colombia ha condenado enérgicamente los asesinatos y agresiones cometidos en contra de los defensores de derechos humanos, quienes constituyen un pilar fundamental de nuestra democracia y no descansará hasta que cesen esos ataques”, ha dicho.

“El Gobierno del presidente Iván Duque está firmemente comprometido con la construcción de la Paz. El apoyo de las Naciones Unidas es fundamental para seguir avanzando en la estabilización y el desarrollo de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. En medio de la actual crisis mundial, no disminuiremos nuestros esfuerzos y seguiremos dedicando todos los recursos posibles para lograr los resultados que nuestros ciudadanos merecen”, ha concluido.