El nº2 de Maduro acusa a la fiscal general de Venezuela de ser «parte del golpe de Estado»

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, ha denunciado este viernes a la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, a la que ha acusado de formar, junto al Ministerio Público, parte «de un golpe de Estado» que tiene como objetivo eliminar del Gobierno a Nicolás Maduro.

«Son parte del golpe de Estado», ha afirmado El Aissami, en una breve entrevista concedida a la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV). «El Ministerio Fiscal y la señora Ortega Díaz dirigen o forman parte de un golpe de Estado y así lo denunciamos ante el mundo entero», ha agregado.

En su intervención, el ‘número dos’ de Maduro ha rechazado «categóricamente» y en nombre del Gobierno la «infame acusación e imputación» que la Fiscalía ha hecho contra «dos dignos venezolanos, dos hombres ejemplares y dos compañeros», en referencia al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, y a Antonio José Benavides Torres, ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, ambos acusados de haber cometido «graves y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos» durante las manifestaciones opositoras que se suceden desde hace 80 días.

«Fíjense ustedes: ‘el mundo al revés’, que diría Galeano: la señora Ortega Díaz, lejos de imputar a los jefes de la violencia a los que han llamado al derrocamiento del Gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro y que han sembrado de odio e intolerancia las calles de Venezuela, a ellos, terroristas, los acompaña la mirada cómplice y el silencio impune del Ministerio Público», ha criticado.

Por otra parte, no obstante, ha criticado que la Fiscalía «acuse con saña» a aquellos que «han resistido» y «han garantizado la paz de la república», siendo «una suerte de muro de contención del fascismo de la derecha terrorista y violenta».

«En el fondo, lo que hay es un odio contra la Fuerzar Armada Nacional Bolivariana (FANB)», ha continuado, rechazando una vez más lo que ha definido como una «infame acusación».

«La señora Ortega Díaz pretende destruir la moral y la unión cívico-militar que se ha venido forjando a lo largo de estos años para garantizar la paz y estabilidad política y el desarrollo del país», ha criticado, acusándola de proteger a los que «han incitado a la violencia».

«Ataque terrorista»

El vicepresidente venezolano también ha hecho referencia al ataque que llevó a cabo Óscar Pérez, piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), esta misma semana desde un helicóptero contra las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y que el Gobierno ha calificado de «acto terrorista».

«Un funcionario del CICPC robó un helicóptero y lo utilizó para atacar y la fiscal general, pasadas 72 horas de este atentado terrorista, condenado por el mundo entero, ni siquiera ha dicho nada respecto a este hecho», ha lamentado.

Sin embargo, ha continuado, sí ha querido agredir «a dos dignos oficiales que han actuado en apego a la Constitución». Esto se trata de una «parcialidad» y un «sesgo» que, según El Aissami, «nunca» se había visto.

«La fiscal actúa como si fuera una militante de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y ha llevado a convertir el Ministerio Público en una suerte de partido de oposición con su inacción y su silencio cómplice», ha agregado.

Ortega Díaz se había mantenido junto al ‘chavismo’ hasta hace unos meses, cuando comenzaron las manifestaciones multitudinarias contra Maduro por la injerencia del Gobierno en los demás poderes del Estado y la crisis política y social. Entre otros frentes, ha cuestionado la legalidad de la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro y ha denunciado un «desmontaje progresivo» de su oficina como represalia por sus posiciones.

Las fiscalías de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Perú han firmado este viernes un comunicado conjunto para instar al Gobierno venezolano a respetar la «autonomía e independencia» de la oficina de Ortega y pedir que no se cometan actos «de hostigamiento, persecución y amenaza que puedan poner en riesgo la integridad personal de la fiscal y de sus familiares, así como de los funcionarios que integran el Ministerio Público».