Un juez federal tumba la prohibición de armas de asalto de California

Un nuevo debate público se ha originado en el Estado de California, ya que el juez federal Roger Benítez de San Diego de EEUU, ha anulado por inconstitucional la ley del estado de California que prohíbe las armas de asalto en un dictamen de 94 páginas que anula una norma que lleva 30 años en vigor.

Benítez considera que California se ha extralimitado en sus competencias y ha incumplido con esta ley la Segunda Enmienda de la Constitución. Así, ha comparado un fusil de asalto AR-15 con una navaja suiza. «Este caso no trata de armas extraordinarias en los límites de la protección de la Segunda Enmienda. Las armas de asalto prohibidas no son bazucas, obuses o ametralladoras, armas peligrosas y útiles solo con fines militares», ha argumentado Benítez.

«Las armas conocidas como armas de asalto son fusiles bastante comunes, populares y modernos. Es un caso normal sobre armas normales utilizadas de forma normal para finles normales», ha remachado. «Las autoridades no pueden imponer sus opciones a los ciudadanos estadounidenses si hay derechos constitucionales afectados», ha apuntado.

El dictamen otorga un margen de 30 días para que entre en vigor, lo que posibilita que el fiscal general californiano, Rob Bonta, presente recurso.

La decisión es un revés para Bonta y el propio gobernador de California, Gavir Newsom, que consideran que se subestima el peligro que suponen las armas de asalto tales como el fusil AR-15. «La decisión es un error de base y vamos a recurrir. No hay base legal ni sentido común para equiparar los fusiles de asalto con las navajas suizas», ha argumentado Bonta.

Para Newsom es una decisión que supone «una amenaza directa a la seguridad pública y para la vida de californianos inocentes» y la comparación entre un AR-15 «socava absolutamente la credibilidad de su decisión que supone un bofetón para las familias que han perdido a seres queridos por esta arma».

La decisión de Benítez es además un revés para el Partido Demócrata, que aspiraba a imponer restricciones sobre armas peligrosas tales como un fusil de asalto a nivel federal como prometió el presidente Joe Biden en campaña.

Desde los grupos de defensa al uso de estas armas han advertido de que irán al Tribunal Supremo si es necesario para defender el «histórico» dictamen de Beníntez. Consideran la decisión «una victoria para la libertad individual» que «es solo el principio» en palabras del presidente de la Coalición sobre la Política de Armas de Fuego, Brandon Combs.