Las Fuerzas Armadas y la Policía abandonan a Pedro Castillo por «infringir la Constitución»

A través de un comunicado conjunto las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú han anunciado que no respaldan el golpe de Estado de Pedro Castillo: “Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 134 de la Constitución Política, establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, han indicado en el texto publicado la tarde del 7 de diciembre expresando su voluntad en mensaje dirigido a transmitir calma al pueblo de Perú.

Una decisión tomada después de que el presidente Pedro Castillo anunciara un golpe de Estado a través de la disolución del Poder Legislativo horas antes de que se debatiera su tercera moción de para destituirle por incapacidad moral.

“Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”, se agrega en el citado comunicado, con el que terminan haciendo un llamamiento claro a la ciudadanía: “confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas”.

En un principio, el presidente de Perú anunció el miércoles la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia que gobernaría por decreto, en una sorprendente medida que los líderes políticos de todo el espectro se apresuraron a denunciar como un intento de golpe de Estado.

El presidente Pedro Castillo, que había hablado horas antes de que el Congreso votara su posible destitución, también impuso un toque de queda nacional inmediato y pidió a todos los ciudadanos que entregaran las armas de fuego ilegales.

«Hemos tomado la decisión de establecer un gobierno de excepción, para restablecer el estado de derecho y la democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República, instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar al más breve plazo posible a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución», indicó entonces en una declaración Castillo, que sumió en una grave crisis institucional a la democracia peruana en su mayor crisis política en años.

Sin embargo, se puso de manifiesto que el anuncio de Castillo carecía de suficientes respaldos, lo que provocó la dimisión en masa por parte de la gran mayoría de su gobierno.

La vicepresidenta del país, Dina Boluarte, número dos del Ejecutivo castillista, cuya toma de posesión estaba prevista para las 15:00 horas en Perú (21:00 en España) del 7 de diciembre, ha criticado la decisión de «perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso». En sus propias palabras, «se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

En un principio, el anuncio de Castillo recordó el conocido como autogolpe del presidente Alberto Fujimori, elegido de forma democrática en 1990, el cual dos años más tarde dio un golpe de Estado con el apoyo de los militares y gobernó como dictador hasta 2000. En la actualidad, se encuentra en prisión, acusado de corrupción y abusos contra los derechos humanos.

Después del anuncio de Castillo, su abogado personal y varios miembros de su administración dimitieron, entre los que destacan los ministros de Economía, Justicia y Derechos Humanos, Medio Ambiente, Transporte, Cultura y Mujer; el embajador en la Organización de Estados Americanos; y el ministro de Asuntos Exteriores.