El Gobierno y los indígenas revisarán los planes de austeridad para frenar la crisis que vive Ecuador

El Gobierno ecuatoriano y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), impulsora de las protestas que han sacudido el país en los últimos días contra los planes de austeridad de las autoridades, han aceptado comenzar un diálogo para revisar esta propuesta de normativa que ha desatado uno de los disturbios más graves de la historia reciente en el territorio ecuatoriano.

Esta tarde, tanto la CONAIE como el presidente del país, Lenín Moreno, se han comprometido a revisar el decreto 883, que eliminaba el subsidio a la gasolina, para responder al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.

«Luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales», ha avanzado la CONAIE, «hemos decidido participar en el Diálogo directo con el presidente de Ecuador sobre la derogatoria o revisión del decreto 883», según un comunicado respondido casi inmediatamente por el Gobierno.

«Ante la sensibilidad de lo que está pasando en el país, el presidente Moreno ha aceptado revisar el decreto 883 y en las próximas horas los líderes de la paralización estarán presentando sus peticiones», ha trasladado el alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, quien ha pedido a las partes que «depongan toda hostilidad, dado este avance».

La CONAIE había advertido de que solo se sentará a la mesa de negociaciones para revisar o derogar el decreto y de que no se dialogará «sobre ningún tipo de compensación» a cambio de su beneplácito para formalizar los planes de austeridad.

Quito: zona de guerra

Al tiempo que se realizaba este anuncio, las calles de la capital, Quito, han comenzado a colapsar por los fuertes enfrentamientos entre manifestantes y Policía hasta convertir la ciudad en una «zona de guerra», según testigos de la agencia Reuters.

Además, los servicios de transporte están paralizados, las principales vías de entrada al aeropuerto de la capital se encuentran bloqueadas y un grupo de manifestantes está intentando entrar en la sede de la Contraloría (la Fiscalía General) del país, según informa Ecuavisa. La dirigencia indígena ha asegurado, de acuerdo con este medio, que «no tiene nada que ver» con este asalto.

El asalto, según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se ha saldado con una treintena de detenidos, «que estaban apostados contra la terraza del edificio».

Los disturbios han llegado hasta la mina de cobre Mirador, la más grande a cielo abierto de Ecuador y de propiedad china, que ha anunciado este sábado la restricción temporal de sus operaciones como medida de precaución para proteger a sus trabajadores en medio de los disturbios generados por los planes de austeridad del gobierno.

La explotación, propiedad de Ecuacorriente y localizada en Zamora Chinchipe (noreste del país), es una unidad del consorcio chino CRCC-Tongguan, que comenzó sus operaciones en julio con la intención de producir 94.000 toneladas anuales de concentrado de cobre. Se trata de un proyecto que provocó la indignación de la población indígena, abanderada de las protestas contra las autoridades.

Cinco muertos y más de 260 procesados

Los incidentes violentos registrados en las protestas contra el Gobierno ecuatoriano se han saldado ya con al menos cinco muertos, 855 heridos y el procesamiento formal de más de 260 personas, de las cuales casi la mitad corresponden a la provincia de Guayas, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil, según un balance de la Fiscalía General.

En concreto, a Guayas corresponden 112 de los 260 procesamientos. Pichincha, cuya capital es Quito, ha registrado un total de 30, mientras que el resto de casos se reparten por otras 14 provincias.

La Fiscalía ha señalado que, entre los delitos que se le imputan a estos procesados, figura paralización de un servicio público, daño a bien ajeno, ataque o resistencia a la autoridad, robo, porte de armas, asociación ilícita y violación de la propiedad privada.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 1.070 personas han sido detenidas en los últimos ocho días, de las cuales tres de cada cuatro han quedado en liberad sin que se les imputase delito alguno.